El 16 de julio pasado, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, organizó una reunión con representantes de 67 países del mundo. La agenda del encuentro era alertar sobre el “resurgimiento del terrorismo de extrema izquierda” y promover la cooperación entre servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad de los países para “aplastarlo”. Muchos gobiernos enviaron representaciones de bajo nivel al encuentro, pero por la Argentina estuvo presente el canciller Pablo Quirno.

El encuentro fue acompañado de la publicación de un documento por parte del Departamento de Estado sobre el mismo tema. Allí se habla de un terrorismo de izquierda transnacional que “ataca a ciudadanos privados, funcionarios gubernamentales, policías y agentes de seguridad, empresas, e infraestructura crítica en todo el mundo”. Con datos en extremo imprecisos y mezclando situaciones de muy diverso tenor ocurridas en Europa y EEUU, el gobierno estadounidense presentó una línea de continuidad entre los movimientos armados de los años 60 y 70 (fundamentalmente latinoamericanos) y estos hechos difusos, dando por hecho que algo así como el “terrorismo de izquierda” efectivamente existe.

Rubio dijo que “debemos identificar y mapear esta amenaza, así como reconstruir nuestra arquitectura antiterrorista para derrotarla, tal como lo hemos hecho juntos anteriormente”. En nuestra región latinoamericana, estas palabras suponen una reivindicación abierta de las dictaduras militares del siglo XX y de los mecanismos de coordinación represiva entre ellos, como el Plan Condor. Con el mismo argumento, esa “arquitectura antiterrorista” desencadenó procesos de terrorismo de Estado y genocidios en toda América Latina. La amenaza de Rubio es bastante explícita: están dispuestos a repetir esa violencia estatal extrema y las gravísimas violaciones de derechos humanos que tuvieron como consecuencia.

Dado que en los hechos no existen hoy movimientos armados como los del siglo XX mencionados por Rubio, hay que observar cuáles son los hechos y los grupos políticos que el gobierno de EEUU viene considerando como terroristas de izquierda, para entender cuál es el modelo de persecución política que buscan impulsar al resto del mundo. Entre ellos se encuentran los “antifa”, grupos descentralizados que se enfrentan a las extremas derechas, el racismo y el colonialismo, con tácticas callejeras y activismo digital. EEUU varias veces se refirió a estos grupos como una suerte de conspiración internacional muy organizada. En septiembre de 2025 Trump los declaró como organización terrorista, aunque claramente no son una organización. También han sido encuadrados como “terroristas domésticos” algunos de los grupos que se oponen a la persecución sistemática de migrantes implementada por el ICE. El caso más famoso es el de la protesta frente al centro de detención de Prairieland, en Texas. La intervención violenta de la policía derivó en disturbios en los que fueron detenidas 11 personas. En este caso se mezclaron ambas cuestiones: el gobierno decidió que los manifestantes conformaban la “célula antifa” del norte de Texas, y como la organización había sido declarada terrorista, en junio de este año, siete de esas personas fueron condenadas a penas de entre 30 y a 70 años de prisión. Por participar en una protesta donde se produjeron disturbios.

Está claro que el primer foco de esta persecución política es la protesta y la organización social, especialmente las que se asocian a diversas formas de acción directa. Tanto en Estados Unidos como en Europa hay una tendencia de los últimos años a clasificar como terroristas o extremistas violentos a manifestantes o activistas que implementan tácticas de acción directa que, en algunos casos, generan algún daño a la propiedad. Estos hechos son encuadrados, perseguidos y juzgados como casos de “seguridad nacional”. Pero dado el contenido del discurso de Rubio, con sus arengas antimarxistas y contra la izquierda en general, todo indica que la persecución se podría extender a los grupos opositores y no solo a los grupos de acción directa. De hecho, funcionarios del gobierno de Trump se han referido muchas veces al propio Partido Demócrata (insospechado de marxismo) como una “organización extremista”.

El corrimiento hacia la extrema derecha y la consiguiente instrumentalización política de la definición de terrorismo es una característica del actual gobierno de EEUU y de varios de sus aliados en la región. En mayo de este año, se publicó la nueva estrategia antiterrorista estadounidense, en la que se distinguen tres grandes grupos de terroristas: los “narcoterroristas y pandillas transnacionales”, los “terroristas islamistas históricos” y los “extremistas violentos de izquierda, incluidos anarquistas y antifascistas”. No se incluye al terrorismo de extrema derecha como objeto de preocupación, aun cuando los hechos de violencia más graves que ocurrieron en EEUU, salvando los atentados del 11 de septiembre de 2001, fueron protagonizados por grupos de supremacistas blancos u otras variantes de extrema derecha.

La idea de un “terrorismo de extrema izquierda” no forma parte de la agenda de seguridad en la Argentina desde la década de 1990. Pero el año pasado esta idea ya se había filtrado en el Plan de Inteligencia Nacional, donde se incluía al “terrorismo anarquista” como una de las hipótesis de riesgo que los servicios de inteligencia argentinos deben monitorear, sin que se sepa a qué se refieren.

El gobierno argentino debe explicar qué rol tuvo en la reunión convocada por Rubio y qué considera “terrorismo de izquierda”. Es muy importante que todo el arco político ponga un límite a estas avanzadas que usan las políticas antiterroristas como excusa para la persecución política, el recorte de libertades y la legitimación de la violencia estatal.