Desde su asunción, Donald Trump se ha caracterizado por una política de hostilidad hacia los derechos humanos y todos los espacios multilaterales de protección de estos derechos. El gobierno de Estados Unidos no tiene ninguna intención de promover a nivel global el respeto por los derechos humanos, sino más bien todo lo contrario.
La gestión de esta política encontró en el Secretario de Estado Michael Pompeo a su mejor ejecutor. Desde la amenaza contra jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (revocó la visa al Jefe de los fiscales de la CPI y amenazó con aplicar sanciones contra su personal), pasando por su destrato a expertos independientes, favorecer relaciones con líderes autoritarios como Mohamed bin Salman y avanzar políticas xenófobas que desafían tratados internacionales.
Además, Pompeo promovió una nueva política por medio de la cual se les niega la ciudadanía estadounidense a hijos de parejas del mismo sexo nacidas en el exterior. En octubre del año pasado, el Departamento de Estado anunció que les negaría la visa para entrar a Estados Unidos a las parejas del mismo sexo de diplomáticos destinados en Estados Unidos. Pompeo también expandió la regla global de mordaza (conocida en inglés como Global Gag Rule), por la cual es aún más difícil para organizaciones de base extranjeras proveer servicios especializados de salud a mujeres y niñas vulnerables y a personas trans y no binaries que reciban fondos del gobierno de Estados Unidos.
Esto se inscribe en la violación de derechos dentro de Estados Unidos que está llevando adelante el gobierno de Trump con la detención y separación de familias, la prohibición de entrada a musulmanes, las vidas afectadas por la derogación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), el resurgimiento de la racista “guerra contra las drogas”, numerosos intentos por revocar avances por la igualdad de los derechos LGBTQ, y restricciones ilegales a los derechos de los que buscan asilo.
El último episodio contra los derechos humanos del secretario Pompeo se produjo hace una semana. El Departamento de Estados anunció la creación de la “Comisión sobre Derechos Inalienables” para reexaminar la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, para diferencias los derechos “inalienables” de aquellos “ad hoc” y para revisar el rol de los derechos humanos en la política exterior estadounidense. Esta Comisión sienta un terrible precedente y envía un peligroso mensaje al mundo al cuestionar la legitimidad del sistema universal de derechos humanos mientras que envalentona a los actuales gobiernos que violan derechos.
Desde la transición a la democracia, Argentina es reconocida en el mundo casi exclusivamente, más allá de los gobiernos, por su política de derechos humanos y, en particular, por el logro de la sociedad de juzgar los crímenes graves cometidos por el terrorismo de estado. Este esfuerzo le ha permitido ganarse un lugar en la comunidad internacional. Sin embargo, durante la gestión del gobierno de Cambiemos, la política de derechos humanos a nivel nacional ha desandando políticas de protección de derechos en distintos campos. En temas de seguridad, ha promovido y aplicado políticas que respaldan el uso abusivo de la fuerza y el uso letal de las armas de fuego en casos de huidas de sospechosos (como el caso Chocobar) y contra amenazas no proporcionales (como el caso de Rafael Nahuel en Bariloche). También se ha caracterizado por la represión de protestas sociales y la criminalización y persecución de líderes sociales y manifestantes, políticas regresivas en materia de migrantes promovidas por decreto y por el uso arbitrario de la ley anti terrorismo para detener ciudadanos argentinxs o de otros países, entre otras.
En términos de política exterior, si bien han denunciado las violaciones en Venezuela, no lo han hecho con otras situaciones preocupantes como las políticas xenófobas, racistas y anti derechos del presidente brasileño, Jair Bolsonaro; las violaciones gravísimas de derechos humanos que ocurrieron como consecuencia de la “guerra contra el narcotráfico” declarada por el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto y los retrocesos en los acuerdos de paz colombianos desde la asunción de Iván Duque. En este contexto, es un gran retroceso que la política exterior de nuestro país profundice la subordinación a los intereses de Estados Unidos en lo que Juan Gabriel Tokatlian ha denominado “unilateralismo periférico concesivo hacia Estados Unidos” y el impacto para los derechos humanos sólo podrá empeorar.
Publicado en Cenital.