Durante las sesiones del período 81 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Saul presentó su informe.
Junto a él y con la intención de reflexionar sobre sus conclusiones y recomendaciones, organizamos un evento paralelo en conjunto con la American Civil Liberties Union (ACLU) y el Center for Constitutional Rights (CCR), que contó con la presencia de entidades de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, académicos y profesionales.
A partir de experiencias en las Américas y perspectivas comparadas de otras regiones, se analizó cómo los Estados pueden abordar con eficacia el problema de la delincuencia organizada y la violencia y, al mismo tiempo, preservar la distinción esencial entre el terrorismo y la delincuencia organizada, salvaguardar el espacio cívico y garantizar el pleno respeto del derecho internacional.
Desde el CELS, hicimos especial foco en cómo los marcos normativos antiterroristas y de seguridad nacional impactan en América Latina. Identificamos el uso abusivo de estos marcos de dos maneras principales: como justificación para estados de excepción y políticas de seguridad militarizadas en la lucha contra el crimen organizado; y en segundo lugar, como una herramienta política para expandir el control estatal, reprimir la disidencia y desmantelar las garantías democráticas.
Tendencias en los países de la región
Concretamente, mencionamos cinco tendencias que los países de América Latina vienen adoptando para aplicar sus políticas autoritarias, retroalimentadas por la agenda hemisférica de Estados Unidos:
1. La expansión de los marcos antiterroristas está reconfigurando los sistemas jurídicos y las instituciones estatales en toda la región. Gobiernos democráticamente electos están desplegando estas herramientas extraordinarias bajo el pretexto de combatir el «narcoterrorismo».
2. Los Estados instrumentalizan cada vez más el antiterrorismo para etiquetar la protesta pacífica como una amenaza desestabilizadora para la seguridad. Al desplegar vigilancia masiva, herramientas de inteligencia y cargos penales excesivos, los gobiernos provocan un severo efecto disuasorio (chilling effect) que reduce el espacio cívico tanto en el ámbito digital como en el físico.
3. Más allá de la protesta social, el antiterrorismo se dirige contra comunidades indígenas y campesinas que se oponen a las industrias extractivas y reclaman tierras ancestrales, como ocurre en el caso del pueblo Mapuche.
4. Países de toda la región también están implementando listas de sanciones administrativas. Al operar bajo la discrecionalidad ejecutiva y sin control judicial, estos mecanismos congelan activos y revocan personerías jurídicas bajo bajos estándares probatorios, vulnerando el debido proceso.
5. Por último, reducir la migración a un asunto de seguridad nacional ha retratado a las personas migrantes como amenazas o facilitadores del delito. Esta narrativa habilita deportaciones masivas, detenciones prolongadas y restricciones al acceso al asilo, al tiempo que criminaliza a las organizaciones de solidaridad. Encuadrar la migración como una «invasión extranjera» sirve para justificar expulsiones colectivas y violaciones sistémicas de derechos.
Este informe es una versión preliminar de un trabajo que aún está en proceso.
Presentaciones durante la AGNU
.Presentación del CELS: Impacto del marco antiterrorista y de “seguridad nacional” en los espacios cívicos de América Latina.
.Declaración del Relator de Terrorismo, Ben Saul.


