El 25 de agosto de 2026 el Comando Sur de los Estados Unidos bombardeó una embarcación en el mar Caribe y mató a cuatro personas que se encontraban a bordo. Su titular, el Comandante General Francis Donovan dijo: “Vamos a cazar y a derrotar a estas redes narcoterroristas”. Con este ataque, Estados Unidos ya destruyó 69 embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental y mató a 227 personas desde el 2 de septiembre de 2025.
Poco se sabe sobre los barcos y sus tripulantes. El Pentágono admitió que desconoce a quiénes mató. Aunque publica los videos de los bombardeos en redes sociales para alimentar la espectacularización de cada episodio, los objetivos e indicadores de éxito de esta política permanecen secretos. Algunas de las víctimas de estos ataques que pudieron ser identificadas por investigaciones periodísticas son pescadores o trabajadores costeros de sectores humildes. La opacidad que rodea a los ataques se agrava porque las familias de las víctimas tienen miedo de contar que su ser querido no ha vuelto a casa. Quizás ya no vayan a saber qué pasó.
Para el gobierno estadounidense las lanchas navegaban en “conocidas rutas” de tráfico, y con eso le bastó para decidir la ejecución sin juicio previo de sus tripulantes. Casi nunca mostró evidencia de que transportaran sustancias ilegales. A partir de la declaración de varias organizaciones criminales como “terroristas”, Estados Unidos trata a estos presuntos traficantes como combatientes enemigos y aplica las reglas de la guerra para habilitar asesinatos. Expertos de Naciones Unidas afirmaron que el derecho internacional establece reglas muy estrictas para utilizar la fuerza letal, como que sólo puede ser utilizada si existe una amenaza inminente, que no se cumple en estas operaciones. Son, en realidad, ejecuciones extrajudiciales. Que Estados Unidos y los países que lo avalan como la Argentina, Ecuador y ahora Colombia, justifiquen estos ataques en que existe un “conflicto armado” con las organizaciones criminales no demuestra automáticamente que éste exista, y mucho menos les otorga una carta blanca para matar.
Los datos disponibles hasta ahora sugieren que destruir las embarcaciones no ha disminuido el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Aún así, esta política se está extendiendo a operaciones militares por tierra. Ya se realizaron operaciones conjuntas con Ecuador, entre ellas el bombardeo a lo que resultó ser una finca lechera, y recientemente el nuevo presidente de Colombia también las autorizó al suscribir el acuerdo “Escudo de las Américas”. Esta iniciativa, que reúne a 19 países entre los que se encuentra la Argentina, consolida una estrategia de Estados Unidos para la región: la de militarizar el control del crimen organizado a través de la confluencia de la “guerra contra las drogas” con el “combate al terrorismo”. Pero el alineamiento político-ideológico que busca construir Washington dista mucho de ser una política que responda a las necesidades e intereses de la región frente a los problemas de la criminalidad organizada. Es una forma de gobernar lo que consideran su patio trasero por la fuerza. Su costo está a la vista: ya se mide en cientos de vidas latinoamericanas.