Muchas gracias por la invitación a esta audiencia. Desde el CELS queremos dejar algunos mensajes al comienzo de esta presentación, que luego voy a desarrollar.
La llegada de Peter Thiel a nuestro país, en el marco del gobierno de Javier Milei nos pone en la urgencia de discutir en términos políticos la relación del Estado, la política y el sector privado con este tipo de figuras que ponen en juego los derechos de todos. Por lo que implica como modelo de sociedad y como modelo de estado.
En particular, un contrato del Estado con la empresa Palantir implicaría la resignación de derechos de la ciudadanía. No hay vínculo con esta empresa en donde no se privaticen derechos. Palantir no vende tecnologías a los Estados, sino que se convierte en parte de la infraestructura de gobierno. Esto implica poner en manos de una empresa privada la capacidad de integrar datos, producir inteligencia y orientar decisiones públicas que afectan la vida de millones de personas. Una empresa que además es inescindible del aparato de defensa y seguridad de Estados Unidos.
En segundo lugar, las reformas que se aprobaron en estos años en Argentina -la ampliación de las facultades de inteligencia, la vigilancia preventiva, el uso de IA para perfilamiento y la habilitación del intercambio de información entre organismos y transnacional- han generado la las condiciones para que una empresa como Palantir sea realmente peligrosa.
En tercer lugar, la presencia de Peter Thiel es una manifestación más de un proceso mucho más profundo de aceleración de la convergencia de dos extractivismos: el ambiental y el de datos.
Resignación de derechos de la población ante el riesgo de que Palantir se convierta en parte de la infraestructura estatal
Queremos dejar en claro que la fragmentación de la información estatal no es, en principio, una falla o error de funcionamiento.
Los organismos públicos administran bases de datos separadas, sujetas a distintos marcos regulatorios y controles administrativos. Esa separación es una garantía frente a la concentración de información sensible de la población. El modelo impulsado por Palantir invierte esa lógica: entiende la dispersión de datos como un obstáculo para la eficacia tecnológica y propone superarla mediante plataformas capaces de conectar registros antes aislados. Esto convierte al Estado en un dispositivo de vigilancia y control total de la población.
Su objetivo declarado es lograr que los Estados operen en buena medida o totalmente a través de sus productos. Al controlar la infraestructura que integra información, produce inteligencia y orienta decisiones públicas; estas grandes empresas tecnológicas dejan de ser proveedoras del Estado para convertirse en actores privados que se apropian de los datos y toman decisiones públicas. Una vez que Palantir se instala y adquiere ese control, sacarlo es extremadamente difícil. Como ya vimos en otros países, la empresa vuelve sus servicios tan imprescindibles que, cuando la sociedad toma conciencia de los riesgos, por lo general ya es tarde.
Para las organizaciones que trabajamos en derechos humanos, este proceso excede la discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial y sobre la transparencia de los softwares. Estamos hablando de privacidad y apropiación ilegal de datos personales, de vigilancia estatal, de securitización de las políticas migratorias, de avasallamiento de la libertad de expresión, de condicionamientos a la protesta social, vulneración del debido proceso, de responsabilidad empresarial, hablamos de opacidad, secreto y captura corporativa del Estado.
Esta es una discusión, en primera y última instancia, sobre la democracia en tanto proyecto igualitario y de libertad.
Cambios políticos que aumentan el riesgo de contratar empresas como Palantir
La actual coyuntura política de la región presenta condiciones favorables para la adopción de plataformas de control social y vigilancia que son ofrecidas como herramientas de “eficiencia”. Esto es porque gobiernos como el de Argentina identifican modernización con el desmantelamiento de reglas y controles. Así, la región entra en la discusión sobre la regulación de las tecnologías de vigilancia y de la IA de la peor manera, por eso el Congreso y estos espacios con participación de especialistas tienen un rol fundamental.
En Argentina, el creciente alineamiento con la agenda tecnológica y de seguridad impulsada por Estados Unidos y, especialmente, la presentación del denominado “Gemelo Digital Social” por parte del Ministerio de Capital Humano alimentaron este debate. Todo esto sucede, además, con el telón de fondo de una serie de medidas tomadas en 2024 y 2025 que se proponen remodelar el Estado en un sentido convergente con las funciones y objetivos que promueven empresas como Palantir.
Antes de la llegada de Peter Thiel y de la irrupción de Palantir a en la discusión pública, el gobierno argentino ya estaba tomado medidas para legalizar la vigilancia masiva en fuentes abiertas (redes sociales, plataformas) como una tarea ordinaria y preventiva de las fuerzas policiales; creó también una repartición en el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), orientada a coordinar e implementar el uso de herramientas de inteligencia artificial para vigilancia, predicción y perfilamiento; y reformó por decreto el funcionamiento del sistema de inteligencia, disponiendo, entre otras cuestiones preocupantes, que todas las áreas del Estado tienen que ponerse a disposición para producir y transferir información a los servicios de inteligencia de manera permanente.
También el Acuerdo sobre Inversiones y Comercio Recíproco (AICR), que debe refrendar el Congreso Nacional argentino, y que facilita la transferencia de datos de la población argentina hacia EEUU, debe leerse junto con la ampliación de facultades de inteligencia a nivel local y con el marco legal estadounidense, que permite el acceso estatal a datos recolectados por empresas privadas con fines de seguridad nacional. Estos esquemas no ofrecen garantías suficientes frente a la vigilancia masiva. La transferencia de datos desde Argentina expone a la población a mecanismos de control por parte de un Estado extranjero. Para terminar, el problema va más allá de Palantir y es quién controla las infraestructuras que organizan el poder estatal. Por eso decimos que este proceso excede la discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial y la transparencia de los softwares, aunque lo incluye. Hablamos de la necesidad de un debate urgente, serio y amplio de la actual gestión de los datos, de la habilitación de tecnologías de vigilancia, de soberanía tecnológica y sobre todo de la capacidad democrática de controlar cómo el Estado produce conocimiento y ejerce poder.
La agenda del gobierno para seducir a las empresas tecnológicas
La presencia de Peter Thiel se dio en simultáneo con varias medidas tomadas o anunciadas por el gobierno que buscan convencer a las grandes empresas tecnológicas que inviertan en la Argentina desde un punto de vista extractivista, para aprovecharse de la energía y sin generar valor agregado. El súper Rigi, el anuncio de cambios en la ley de sociedades para introducir sociedades sin humanos que se hagan responsables, la propuesta de hacer una reforma de la ley de datos personales para desarmar las protecciones y generar un sistema a medida de la explotación de las grandes empresas, incluso el mismo Acuerdo con EEUU para la transferencia de datos, todo apunta en esa dirección.
El riesgo aquí es convertir al país en la correa de transmisión del proyecto político que estas empresas vienen promoviendo, que se basa en acelerar el extractivismo de datos sin importar el costo ambiental y humano que esto genera en las periferias y también en los países centrales. En EEUU existe en este momento un movimiento de mal humor social contra los data centers por las consecuencias ambientales de su funcionamiento. Y aquí el proyecto es traerlos a zonas como la Patagonia y otras donde ya se están sufriendo las consecuencias del extractivismo. Nos estamos convirtiendo en un laboratorio desregulado donde las élites tecnológicas extranjeras hacen lo que se les antoja, sin reparar en las consecuencias que esto puede tener sobre la población.
Esta convergencia de extractivismos de hidrocarburos, minerales críticos y datos deja divisas en pocas manos, no genera empleo de manera significativa, no desarrolla formas de agregación de valor en el país, y corremos el riesgo de transformarnos en zonas de sacrificio de esta carrera por la inteligencia artificial que ya están teniendo un impacto ambiental notable en el mundo.