Las organizaciones que integramos el Grupo de Trabajo Mujeres y encarcelamiento nos propusimos investigar la situación de las mujeres que están en contacto con los sistemas penitenciarios por delitos relacionados con el crimen organizado en Argentina, Colombia y México. Buscamos precisar las consecuencias específicas que tienen las actuales políticas de persecución al crimen organizado para quienes están o estuvieron privadas de la libertad y para sus familiares.
Partimos de un enfoque de género que habitualmente está ausente de las respuestas estatales que analizamos, y esperamos demostrar por qué si esta carencia persiste las políticas de persecución al crimen producirán un daño cada vez mayor.
Entre julio y diciembre de 2025, entrevistamos a más de cuarenta mujeres encarceladas, liberadas y familiares de personas privadas de la libertad en los tres países. Todas fueron afectadas de forma directa o indirecta por las políticas de persecución al crimen organizado: están o estuvieron detenidas o son familiares de personas alojadas en regímenes especiales. También entrevistamos a operadores judiciales de salud y defensores.
Los resultados de esa investigación los volcamos en este informe aquí disponible, un documento que fue elaborado por el CELS en alianza con Dejusticia, CEA Justicia Social, Mujeres Libres, Elementa DDHH, Red Internacional de Mujeres Familiares Privadas de la Libertad (RIMUF) e IDPC —que integran el Grupo de Trabajo Mujeres y encarcelamiento—, entre como parte del proyecto Estrategias para abordar el impacto de la persecución de la criminalidad organizada hacia mujeres y niñas y las distintas formas de violencia de género hacia mujeres privadas de la libertad, liberadas y sus familiares en América Latina, en el marco del programa ACTUEMOS para poner fin a la violencia contra las mujeres, implementado por ONU Mujeres en colaboración con la Unión Europea.
