Además de la presentación de los datos recogidos sobre la violencia institucional, se procuró analizarla con mayor profundidad, abordar sus causas y las alternativas para remediarla. Este informe anual también presentó cuestiones vinculadas con el derecho a la verdad, la situación carcelaria, las graves violaciones que afectan a las personas migrantes y a los pobladores sin documentos. También, la morosidad del Congreso Nacional para la sanción de las leyes reglamentarias que exige la reforma constitucional de 1994. Entre estas últimas, se presentaba como urgente organizar el Consejo de la Magistratura, con una composición que garantizara adecuadamente su independencia y su identidad.
