En 18 meses de gestión libertaria, sólo queda vigente el 8% de las políticas de cuidado: 4 de 50. En este tiempo, 2.866.000 personas perdieron al menos una política de cuidado de la que eran destinatarias.
Las personas mayores deben elegir entre comer o medicarse. Ya sin moratoria previsional vigente, quienes perciben la jubilación mínima más el bono necesitan otros $45.000 mensuales para cubrir una canasta básica total y no ser pobres. La cantidad de personas mayores que tienen los medicamentos cubiertos por PAMI se redujo de 4,6 millones a 3,8 millones.
Las personas con discapacidad tienen más trámites y menos prestaciones. El porcentaje de rechazos en solicitudes de pensiones por discapacidad creció del 40% al 75% y se revocaron 56.000 pensiones que estaban vigentes. El proceso de auditoría de las pensiones anunciado por el gobierno obliga a desplazarse a personas con discapacidad para cumplir con trámites sin garantizar la accesibilidad en ese proceso.
Las transferencias de ingresos a las infancias se sostienen –aunque con límites–, mientras se desfinancian todas las políticas que apuntan a la socialización del cuidado infantil en sus distintas formas: vuelta a la crianza “obligada” y “solitaria”. Por otro lado, se desarman las políticas de educación sexual, IVE y métodos anticonceptivos. A largo plazo se reproduce desigualdad.
Las cuidadoras comunitarias cuentan con menos recursos –les llega poco o nada de alimentos por parte del gobierno nacional– pero todo el barrio les pide igual o más apoyo. Frente a la ausencia del Estado, crece el endeudamiento de las familias.
Se terminan las políticas que intentaban corregir las desigualdades estructurales en el mercado de trabajo. El gobierno confirma que no cumplirá con la política de cupos, las empresas desarman sus áreas de género, las trabajadoras de casas particulares no reciben aumentos desde enero y las mujeres rurales están en emergencia.
La cocina de los cuidados se puso en funcionamiento en marzo de 2024 como un espacio intersectorial y transversal de seguimiento y producción de información sobre las medidas del gobierno en el campo de los cuidados. Está integrada por representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos, iglesias, la academia, funcionarias y legisladoras de distintas fuerzas políticas.
Cada tres meses elabora una base de información dinámica y colaborativa que registra y sistematiza el impacto de los cambios en las principales políticas que se habían logrado para avanzar hacia una organización social de los cuidados más justa e igualitaria.
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Ediciones anteriores: Informe #1 (abril 2024), Informe #2 (de junio 2024), Informe #3 (de octubre 2024), Informe #4 (marzo 2025).
