La Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en el año 2010, obliga a transformar los manicomios, neuropsiquiátricos y toda institución de internación monovalente por un sistema de atención en salud mental de base comunitaria que respete los derechos y la dignidad humana. El decreto que la reglamenta estableció el año 2020 como fecha límite para sustituir estos establecimientos por dispositivos en el primer nivel de atención, salas en hospitales generales y servicios de apoyo a la vida en comunidad. Sin embargo, el modelo que predomina en la Ciudad de Buenos Aires incumple directamente la ley.
El informe “Manicomios porteños: la transformación que no llega”, elaborado por ACIJ y CELS, identifica diversos elementos que muestran esta situación. En primer lugar, en la Ciudad todavía funcionan los históricos cuatro hospitales psiquiátricos públicos, y ninguno de ellos cuenta con un plan de adecuación. En 2024, estos centros reunían el 94,4% del total de camas de internación, y los hospitales generales solo el 5,6%.
En segundo lugar, no se observa una tendencia a la baja de las internaciones que refleje un vaciamiento progresivo de estos espacios. De hecho, según datos oficiales, el año pasado las internaciones aumentaron en todos los hospitales psiquiátricos con respecto a 2023.
Por otro lado, las condiciones de estos centros impiden vivir dignamente. Allí, las personas pasan sus días en infraestructuras precarias, a situaciones de aislamiento y encierro, a múltiples formas de violencia física y psicológica, y a prácticas de sobremedicación, perdiendo todas sus habilidades para la vida autónoma. Además, las muertes que ocurren en esos espacios no suelen investigarse debidamente.
La internación como principal respuesta está relacionada con la falta de dispositivos que permitan a las personas salir del hospital psiquiátrico y vivir en la comunidad: la Ciudad solo cuenta con siete residencias asistidas con capacidad total para 77 personas y cuatro grupos familiares. Ninguna de ellas tiene vacantes disponibles.
Finalmente, la distribución de los recursos públicos fortalece el sistema manicomial. El 75,6% del presupuesto ejecutado en 2024 se destinó a los 4 hospitales psiquiátricos, mientras que el Programa de Externación Asistida para la Integración Social (PREASIS) fue desfinanciado.
Recurriendo a datos y testimonios, esta publicación evidencia que cerrar los manicomios no es solo una obligación legal, sino una deuda ética y social. La discapacidad psicosocial no puede seguir justificando el encierro ni el control sobre las formas diversas de habitar el mundo. En ningún caso.
