Tomas de escuelas: el gobierno porteño criminaliza las protestas para amedrentar
Con el objetivo de intimidar a la organización estudiantil para que desistan de sus reclamos, la Ciudad desplegó una serie de medidas que incluyen denuncias jurídicamente inviables, el envío de policías en patrulleros a las casas de les alumnes y amenazas de demandas civiles a padres y madres.
Declaran inconstitucional el uso del sistema de reconocimiento facial en CABA
Lo determinó la jueza Liberatori en un fallo que confirma que fue gestionado por fuera de la norma que lo regula y sin mecanismos de control, en la misma línea de la denuncia del CELS.
Matías Carbonell: a 12 años de su muerte, comienza el juicio oral
El martes 9 de agosto empezarán a ser juzgados seis ex funcionarios del neuropsiquiátrico Borda, a donde el joven de 23 años se encontraba en tratamiento. Matías murió en 2010 en el Hospital Penna. Allí se constataron lesiones físicas y quemaduras compatibles con el pasaje de corriente eléctrica. Se trata de la primera vez en que un caso de torturas dentro de un hospital en democracia será juzgado en la Argentina.
Uso ilegal del sistema de reconocimiento facial en CABA: a pedido del gobierno de la Ciudad, el TSJ sacó al juez de la causa
El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires decidió apartar al juez que intervenía en la causa en la que se discute la constitucionalidad del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). El TSJ tomó está decisión después de que se conociera el resultado de una pericia que revela el uso ilegal del sistema de reconocimiento facial en la ciudad.
Sistemas de video vigilancia: pedimos que se cree la comisión de seguimiento en la Legislatura
Junto con Amnistía Internacional, ADC, Fundación Vía Libre y ODIA solicitamos que se cree el mecanismo de control que fue establecido por la ley 6.339 hace un año y medio.
El Ministerio de Seguridad de la Ciudad buscó información biométrica de 7 millones de personas de manera ilegal
Estas tareas se realizaron en el marco del sistema de reconocimiento facial para la búsqueda de prófugos y a partir de un convenio con el ReNaPer, pero ese acuerdo les permitía sólo abordar un universo de poco más de 40.000 personas. La Justicia suspendió el uso del mecanismo y ordenó una serie de medidas para determinar si estos procedimientos pudieron haber sido utilizados para realizar trabajos de vigilancia masiva e inteligencia.
