El documento fue redactado con el objetivo de informar al Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés) de Naciones Unidas sobre las asignaturas pendientes del Estado argentino en la materia.
La acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se limitó en general a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria. Algunos procesos de reforma tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
Este libro trata sobre las muertes producidas por la violencia de Estado, específicamente por las muertes a las que se llama de gatillo fácil. Pero, sobre todo, trata sobre cómo los familiares de las víctimas de esa violencia se han organizado para impugnarla y para “demandar justicia”.
Uno de los desafíos que se presentaron de cara al Bicentenario fue cómo conciliar la inédita presencia que los principios de derechos humanos alcanzaron en la agenda pública con una garantía efectiva de protección para todos los sectores de la población, y en especial para los más vulnerables.
Este informe se publicó cuando el CELS cumplió 30 años como organización. Los derechos humanos ganaron una presencia importante en la agenda pública. Sin embargo, el debate en torno a las medidas para hacerlos efectivos no alcanzó con el mismo énfasis a los tres poderes del Estado, ni a todas las instancias de gobierno.
El documento propone instalar nuevamente el debate sobre el papel de las fuerzas armadas en sociedades democráticas, y en procesos de integración regional, con el objetivo de superar una tradición autoritaria que ha jugado en el pasado un rol contrario al sostenimiento de la democracia.
Este informe coincidió con el fin del mandato de Néstor Kirchner. Muchos de sus capítulos evalúan, desde una perspectiva de derechos humanos, los sucesos más relevantes de 2007, pero delinean también los rasgos de balance de un ciclo.
Este libro examina los complejos caminos que un caso judicial atraviesa cuando allí mismo se discuten los umbrales del poder violento de la policía tomando como ejemplo el caso Walter Bulacio.
Esta publicación recopila relatos de algunos de los más de cien casos que el CELS denuncia actualmente en tribunales argentinos, así como de los más de treinta que patrocina ante organismos internacionales, junto con el análisis de las estrategias de promoción y protección de los derechos humanos.
Esta publicación documenta las violaciones a los derechos humanos que padecen las 25.000 personas que están asiladas en las instituciones psiquiátricas argentinas.
Esta publicación analiza el programa Familias, creado como una de las alternativas para salir del plan Jefes y Jefas de Hogar e incluye un subsidio que se entrega fundamentalmente a las madres, a cambio de que realicen controles de salud y garanticen el acceso a la educación para sus hijos.
En 2006 se dictaron las primeras sentencias –desde el histórico Juicio a las Juntas– contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. En contraste con esos logros, registramos que en materia de calidad institucional persistían núcleos elevados de fragilidad en temas sensibles, que se mantenían situaciones críticas sobre todo en algunas provincias del país y que subsistían retrasos u obstáculos generados por la instrumentación deficiente de políticas públicas.
Las comunidades indigenas nucleadas en la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhakha Honhat, con el apoyo del CELS, vienen reclamando desde 1984, los lotes 55 y 14 al gobierno de la provincia de Salta y, ante su cerrada negativa se vieron obligadas a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1998).
Este trabajo recopila las acciones que el CELS ha realizado con el fin de separar de las Fuerzas Armadas a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y buscando promover reformas institucionales con sentido democrático en el ámbito castrense.
Esta publicación aporta importantes desarrollos producidos por la doctrina y la jurisprudencia argentina e internacional desde entonces, realiza un balance crítico de la recepción del derecho internacional por los tribunales argentinos y profundiza el debate sobre las trasformaciones y los ajustes institucionales que se requieren para dar cumplimiento al nuevo marco constitucional y para afirmar el compromiso de plena inserción del país en la comunidad internacional de los derechos humanos.
La prohibición de regresividad (o prohibición de retroceso) en materia de derechos sociales (o derechos económicos, sociales y culturales, como se los denomina en el terreno internacional) reconoce fuentes diversas: tanto el derecho y la doctrina constitucional de varios países caracterizados por la adopción del modelo de Estado social constitucional, como el desarrollo normativo del derecho internacional de los derechos humanos.