Los problemas de la población para acceder a medicamentos aumentan todos los meses por razones económicas. A diferencia de otros procesos en la vida de las personas, la salud que se pierde no se recupera. La interrupción de los tratamientos implica un riesgo real de daño, un retroceso que puede provocar situaciones graves.
En este informe relevamos los datos acerca de las políticas de gobierno que desde 2024 implicaron convertir los medicamentos en mercancías de libre mercado: liberación precios, eliminación de acuerdos con laboratorios y habilitación de venta en kioscos y supermercados (suspendida en abril de 2025 por una medida cautelar). A eso se suman despidos masivos en áreas clave vinculadas a vacunas, asistencia y provisión de medicamentos; y recortes en la entrega de insumos médicos, afectando especialmente a personas con cáncer, VIH u otras condiciones o enfermedades graves. El efecto es devastador para quienes dependen del sistema público: personas empobrecidas y enfermas quedan sin tratamiento por decisiones políticas.
La idea de un libre mercado en la salud se refleja en el abandono del Estado nacional de sus responsabilidades. Esto deja al país sin políticas centralizadas y a las provincias sin más opción que cubrir como pueden el acceso a la salud. No solo los precios de los medicamentos sino también de acceso real, de la continuidad del cuidado y un sistema de salud que acompañe.
