Los tribunales son el espacio institucional básico para la protección de los derechos establecidos en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por nuestro país. En este sentido, entendemos que existe una directa relación entre la solidez del sistema de justicia y la calidad de la democracia.
La Argentina, en enero de 2002, atravesó una profunda crisis institucional y social. La ciudadanía expresó su “bronca” por el mal desempeño de las instituciones públicas. En particular exigió un recambio en la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ante esta demanda, resultaba imprescindible observar los procedimientos constitucionales establecidos y comenzar por el principio: esto es, que el Congreso considere los pedidos de juicio político presentados a casi todos los Ministros de la Corte Suprema y proceda, luego de una profunda investigación de cada caso, a desecharlos o proseguirlos según considere necesario.
Nuestra posición fue que un eventual cambio en la composición de la Corte Suprema no era suficiente. Nuestro Tribunal se encontraba no sólo desacreditado por el comportamiento de sus miembros, sino dañado por prácticas impropias que socavaron su prestigio y legitimidad. Era necesario, por lo tanto, que recuperara el lugar fundamental que el sistema democrático constitucional le asignó.
