El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a otras organizaciones de la sociedad civil presentó una nota a la directora general de Salud Mental del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, María Concepción Grosso, en respuesta a la decisión administrativa de impedir visitas de inspección sin la presencia de los directivos del hospital, la prohibición al personal de contestar preguntas sin previa consulta jurídica y la amenaza de iniciar sumarios para quienes incumplan con estas medidas.
Esta disposición resulta violatoria de los derechos fundamentales de las personas internadas en instituciones psiquiátricas de esta ciudad ya que no respeta el piso mínimo de derechos establecidos en la Ley Nacional de Salud Mental. Además, impedir el ingreso del asesor tutelar sin la presencia de los directivos e imposibilitar la respuesta inmediata a los informes solicitados por la Asesoría General Tutelar (AGT) obstruyen la tarea constitucional de contralor de esta autoridad.
Las organizaciones firmantes consideran que esta medida constituye una política regresiva respecto de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. Por ello solicitaron su inmediata derogación y la adopción de disposiciones que respeten los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos.
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI)
Asamblea Permanente de Usuari@s y Sobrevivientes de los Servicios de Salud Mental (APUSSAM)
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
Médicos del Mundo Argentina Cono Sur
Red Familiares Usuarios y Voluntarios (Red FUV)