Esta semana en la ONU se cuestionó nuevamente al Estado argentino por haber debilitado la protección de los derechos de las personas migrantes con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017, que modificó la Ley de Migraciones. Una vez más, los funcionarios argentinos tuvieron que dar explicaciones frente a los pronunciamientos críticos de expertos internacionales y organizaciones de derechos humanos.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la discriminación racial y la xenofobia, Mutuma Ruteere manifestó su preocupación por la posibilidad de que el DNU aumente la criminalización y estigmatización de los migrantes. Al presentar ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra un informe sobre su visita a nuestro país, instó al gobierno nacional que “reconsidere la adopción de este Decreto que debilita los derechos de los migrantes”. Esa postura coincide con la del Comité contra la Tortura de la ONU, que días atrás pidió la derogación del DNU.
Durante el diálogo público con el Relator, distintas organizaciones argentinas hicimos un pronunciamiento que subrayó los efectos discriminatorios del DNU 70/2017, publicado el 30 de enero. El decreto asocia a las personas migrantes con el delito, viola el debido proceso y su derecho a la defensa y profundiza un escenario de criminalización.
El gobierno argentino pidió la palabra para responder a estas críticas ante los demás Estados que integran el Consejo. Destacó la importancia de la Ley de Migraciones, el respeto por los derechos humanos de los migrantes y minimizó el impacto del DNU al decir que solo busca hacer más ágiles los mecanismos de expulsión de quienes cometieron delitos o no pueden acreditar formalmente su ingreso al país.
Con esta intervención, el Estado sigue sin reconocer que el procedimiento exprés de detención y deportación que estableció viola los estándares internacionales. Al mismo tiempo, desconoce que según el derecho internacional el objetivo de la agilidad de los trámites no puede justificar el recorte de derechos.
La ley 25.871 que el decreto modificó fue elogiada tanto por expertos de la ONU como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Son estos órganos los que hoy critican el DNU.