El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) envió ayer una carta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la que manifestó su preocupación por el proyecto de reforma legislativa que busca limitar las excarcelaciones en Mendoza y generalizar el uso de la prisión preventiva. Una copia de la carta fue enviada al mismo tiempo al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández; al Canciller, Jorge Taiana; y al gobernador de Mendoza, Celso Jaque.
La reforma obtuvo media sanción por parte del Senado provincial el 3 de septiembre pasado y hoy recibió la aprobación de Diputados con mínimas reformas, por lo cual volvió a serr girada a la Cámara Alta de la legislatura provincial
Para el CELS, este proyecto vulnera la Constitución Nacional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y podría generar sanciones internacionales contra el Estado argentino. Por esta razón, se solicitó al gobierno nacional que “tome las medidas correspondientes para prevenir que se haga caso omiso a las obligaciones asumidas por nuestro país en materia de derechos humanos”.
La nota enviada a la Presidenta subraya que esta reforma desconoce el compromiso internacional asumido por el país en el caso “Asunto de las Penitenciarías de Mendoza respecto de Argentina”, que se encuentra actualmente en trámite ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, así como otras decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A nivel local, el proyecto contradice lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “Lavado, Diego Jorge y otros c/ Mendoza, Provincia de y otro s/ acción declarativa de certeza” y “Verbitsky, Horacio s/Habeas Corpus”.
El proyecto de reforma impulsado en Mendoza repite la experiencia de otras políticas restrictivas de la libertad implementadas en distintos distritos del país en años recientes. Este tipo de medidas demostraron ser ineficaces para prevenir delitos y tuvieron como resultado una situación generalizada de violaciones de derechos humanos al interior de las dependencias carcelarias.
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