Más de treinta legisladores de todas las fuerzas políticas participaron hoy en la Cámara de Diputados de la reunión de la comisión de Seguridad Interior en la que se presentaron algunas de las iniciativas impulsadas por el Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD). La reunión estuvo encabezada por la presidenta de la comisión, la diputada Griselda Baldata, y los representantes del ASD: Gastón Chillier, director Ejecutivo del CELS; Alejandro Mosquera, de la Comisión Provincial por la Memoria; Carlos Arslanian, ex ministro de Seguridad bonaerense; Marcelo Saín, ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); Enrique Font, Secretario de Seguridad Comunitaria de la provincia de Santa Fe y Alberto Binder, vicepresidente de INECIP.
Entre los diputados y senadores presentes se encontraban Diana Conti (FPV), Margarita Stolbizer (GEN), Claudia Gil Lozano (CC), Patricia Bullrich (CC), Felipe Solá (Peronismo Federal), Daniel Filmus (FPV), Laura Alonso (PRO), Ricardo Gil Lavedra (UCR), Eduardo Macaluse (SI), Victoria Donda (Libres del Sur), Ariel Basteiro (NEPYS), Horacio Alcuaz (GEN) y Remo Carlotto (FPV).
Gastón Chillier, quien tuvo a su cargo la apertura de la reunión, aseguró que “el objetivo del Acuerdo es sentar los principios básicos para la construcción de una política de Estado en materia de seguridad que dé respuesta a las legítimas demandas de la sociedad” y remarcó el fracaso de las “políticas facilistas de mano dura”.
El director ejecutivo del CELS llamó la atención sobre la necesidad de saldar la “deuda pendiente que el Congreso tiene desde la recuperación de la democracia con las políticas de seguridad”.
En el mismo sentido, Mosquera afirmó que la intervención de la sociedad civil, los expertos en seguridad y los representantes de diversos sectores políticos apunta a “lograr un acuerdo básico que permita avanzar en respuestas integrales”.
Arslanian sostuvo que “el Acuerdo representa un nuevo paradigma en políticas de seguridad” y aseguró que “el sistema actual está agotado”. Además, consideró necesario producir datos fiables para la discusión de políticas y llamó a “crear un observatorio de la violencia que permita construir estadísticas y arbitrar medidas”.
Binder coincidió con Arslanian en el diagnóstico del agotamiento de las respuestas tradicionales de la dirigencia política y convocó a avanzar en el análisis y diseño de soluciones genuinas. Al respecto, el vicepresidente de INECIP consideró que el Acuerdo representa la posibilidad de “ser eficaces sin dejar de ser democráticos”.
Por su parte, Saín rescató la experiencia de la Policía Aeroportuaria como modelo a seguir para avanzar con medidas debatidas por el Congreso: “En 2006, gracias al consenso de este parlamento, se creó la única policía federal de la democracia, la PSA”, dijo.
Luego de las presentaciones de los miembros del ASD, legisladores de diversos bloques realizaron sus propias intervenciones. En primer lugar, Felipe Solá se refirió a la necesidad de demostrar con gestiones eficaces la validez de los principios incluidos en el Acuerdo. “Tenemos que probarlo”, enfatizó.
El diputado del Peronismo Federal consideró, además, que existe “una batalla cultural y comunicacional en torno a la seguridad” y advirtió que, tanto de parte de la sociedad como de los medios de comunicación, “no hay ninguna apertura a una verdad científica”.
La diputada de GEN, Margarita Stolbizer, rescató el valor de la iniciativa porque “eleva nuestro nivel de discusión” y aclaró que ante problemas complejos de seguridad “la respuesta no puede ser bajar la edad de imputabilidad”.
Desde la Coalición Cívica, la diputada Patricia Bullrich, evaluó que la política de Estado en este tema implica modificar las prácticas actuales y propuso “dar una lucha por la transparencia del sistema”.
Finalmente, Diana Conti tomó la palabra en nombre del bloque oficialista para hacer explícito su apoyo “a los puntos que trae el grupo de expertos del Acuerdo”.
El ASD, integrado por cientos de representantes del más amplio arco político y social del país, académicos y expertos en seguridad, referentes gremiales, religiosos, culturales y de los derechos humanos fue presentado el pasado 29 de diciembre en el Congreso. El objetivo del Acuerdo es sentar los principios básicos para brindar soluciones a la sociedad respecto de este tema sobre una base democrática y ajustada a criterios profesionales.