La policía de la provincia de Río Negro asesinó el domingo pasado a Guillermo Trafiñanco, de 16 años. El adolescente recibió un balazo por la espalda a menos de un metro de distancia en el patio de un jardín de infantes del barrio Lavalle, en la ciudad de Viedma. Este caso se suma al asesinato de Diego Bonefoi, de 15 años, cometido por un efectivo de la misma fuerza en la ciudad de Bariloche el 17 de junio. Luego de aquel hecho, la violenta represión policial a cargo de la Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto (BORA), un grupo especial de la policía provincial, dejó como resultado la muerte de otros dos jóvenes, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas.
En esta ocasión el gobierno provincial actuó de la misma manera: después del crimen de Trafiñanco, el BORA llegó al barrio para reprimir la protesta de los vecinos. El sargento Silvano Meza se encuentra detenido, imputado por el asesinato del adolescente, y otros dos agentes que participaron del operativo fueron pasados a disponibilidad. Versiones periodísticas indican que Meza ya tenía dos causas abiertas por apremios ilegales y estaba procesado en una de ellas desde el mes pasado.
El gobernador Miguel Saiz está de viaje en China y no emitió hasta ahora ninguna declaración respecto de este hecho, que mereció el repudio de todo el arco político provincial. El ministro de Gobierno Diego Larreguy, el secretario de Seguridad y ex jefe de policía Víctor Cufré, y el actual jefe de la policía Jorge Villanova, siguen en funciones sin haber rendido cuentas por los crímenes cometidos en junio ni por este último caso. El gobierno nacional tampoco brindó respuestas. Desde julio, el CELS se encuentra a la espera de una respuesta a un pedido al ministro de Justicia para que convoque a una reunión del Consejo de Seguridad Interior para que los funcionarios políticos de la provincia rindan cuentas de las violaciones graves a los derechos humanos que se están produciendo en la provincia de Río Negro y se hagan responsables para que no se repitan hechos de estas características. El director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, expresó: “¿Cuántas muertes más de jóvenes en manos de la policía de Río Negro tendrán que producirse para que las autoridades del gobierno provincial y nacional adopten medidas para prevenir estos asesinatos? La falta de de una respuesta política como, por ejemplo, la renuncia del ministro de Gobierno, no hace más que promover que estas ejecuciones se sigan produciendo”.
El caso de Trafiñanco -al igual que los de Bonefoi, Carrasco y Cárdenas-, demuestra que en Río Negro, como en otros lugares del país, el Estado no asume la responsabilidad de implementar una política democrática basada en el control civil de las fuerzas de seguridad. Por el contrario, refuerza la autonomía de una policía que, con la excusa de perseguir la criminalidad, descarga su violencia sobre los jóvenes de sectores excluidos.
Las violaciones de derechos humanos cometidas en Río Negro pueden acarrear una nueva condena internacional para el Estado argentino. En agosto de este año el CELS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y los abogados de las víctimas presentaron una denuncia ante el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, Philip Alston, por los asesinatos de Bonefoi, Carrasco y Cárdenas. Los denunciantes afirmaron que los crímenes de los tres jóvenes estaban encuadrados bajo la figura de “muerte como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. El asesinato de Trafiñanco sumará una cuarta presentación internacional contra la provincia en apenas tres meses.