El Acuerdo para una política de Seguridad Democrática (ASD) que los firmantes promovemos desde diciembre de 2009 surgió con el objetivo de consolidar un espacio de debate y elaboración de propuestas para abordar el problema de la inseguridad. Frente al fracaso de los planteos de mano dura y los discursos demagógicos autoritarios, el ASD sostuvo desde sus inicios la necesidad de garantizar un abordaje democrático de las políticas de seguridad y una gestión profesional y eficiente.
Desde esta perspectiva, la creación del Ministerio de Seguridad representa una oportunidad histórica para llevar adelante reformas destinadas a garantizar la conducción política del sistema federal de seguridad, que fueron postergadas desde la recuperación de la democracia. La alianza multisectorial que integra el ASD y el trabajo realizado por los especialistas con experiencia en gestión, académicos, organizaciones de la sociedad civil y referentes de todas las fuerzas políticas que adhieren a este programa de seguridad representan hoy el espacio desde donde nutrir y sostener los cambios que requiere esta nueva etapa.
Las dimensiones de la tarea que enfrenta el nuevo Ministerio son múltiples. Sus prioridades deben orientarse a poner fin al autogobierno de las fuerzas de seguridad, en particular de la Policía Federal, que representa una amenaza permanente para el sistema democrático y a encontrar soluciones inmediatas y perdurables para las legítimas demandas de la sociedad, a partir del desarrollo de políticas multiagenciales y de una eficaz coordinación a nivel federal, provincial y local.
Una reforma de este tipo requiere partir de un diagnóstico situacional apropiado acerca de las modalidades de la violencia y el delito, como el que propusimos en el proyecto de ley de creación del Observatorio Nacional. Para generar esas transformaciones será necesario, además, dotar de capacidad técnica y política a dependencias estatales como la actual Secretaría de Seguridad Interior, la Dirección Nacional de Política Criminal, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y el Consejo de Seguridad Interior, que se integrarán al nuevo Ministerio. A esto se deberá sumar la creación de un área dedicada al control interno y externo del desempeño de las fuerzas de seguridad.
La sucesión de hechos de violencia policial de los últimos meses es una clara muestra de la crisis del sistema de seguridad y del fracaso de las formas de autogestión de las fuerzas policiales, tanto a nivel nacional como provincial. El asesinato de tres personas en el conflicto por la ocupación del Parque Indoamericano en Villa Soldati; las cuatro ejecuciones de jóvenes por parte de la policía rionegrina; el asesinato de un indígena toba en Formosa; y el crimen de Mariano Ferreyra a manos de una patota sindical ante la inacción de la Policía Federal, ponen de manifiesto la necesidad de impulsar sin más demora reformas sostenidas que se extiendan a todo el país.
Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS.
León Arslanian, ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Marcelo Saín, ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria.
Alberto Binder, vicepresidente de INECIP.
Enrique Font, secretario de Seguridad Comunitaria de la provincia de Santa Fe.