El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un dictamen jurídico ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en la causa en la que se discute el derecho a la tierra y el territorio de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh – La Primavera.
En la presentación, el CELS solicitó participar de la audiencia pública convocada por el máximo tribunal para el próximo miércoles 7 de marzo y destacó la obligación del Estado argentino de garantizar a la comunidad el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras, según lo establecen el artículo 75 de la Constitución Nacional y múltiples tratados de derechos humanos firmados por nuestro país.
En el escrito, el CELS manifestó que para solucionar el conflicto territorial de La Primavera es necesario que los Estados nacional y provincial adopten medidas dirigidas a:
1. Asegurar que la comunidad pueda acceder y disfrutar de las tierras que se encuentran en su título de propiedad, restituyendo el área incluida en el Parque Nacional Pilcomayo y relocalizando a las familias criollas que ocupan las tierras.
2. Garantizar que el título comunitario se inscriba a nombre de la comunidad con su personería jurídica de derecho indígena, de manera que deje de estar bajo la órbita de la asociación civil, que es una figura jurídica ajena al derecho indígena y que está manejada por autoridades que no son las elegidas como representantes de la comunidad.
3. Restituir a la comunidad las tierras que se encuentran ocupadas por la familia Celía y las cedidas por la provincia a la Universidad Nacional de Formosa.
4. Delimitar y titular la totalidad del territorio tradicional conforme las prescripciones de la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la ley 26.160/26554.
El CELS remarcó en repetidas oportunidades que la falta de implementación del derecho a la propiedad comunitaria de la tierra generó las condiciones para la reiteración de agresiones contra la comunidad y el recrudecimiento de la violencia frente al reclamo por sus derechos. Sin embargo, la actitud de los gobiernos provincial y nacional con posterioridad a la represión del 23 de noviembre de 2010 denota una falta de voluntad política para resolver el conflicto de fondo.