El juez subrogante en el juzgado federal de Rawson, Enrique Guanziroli, dispuso para el próximo lunes 5 el inicio del juicio oral y público a 14 marinos acusados de realizar actividades de inteligencia interna desde la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, provincia de Chubut. La causa se inició hace seis años a partir de una denuncia presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Las audiencias comenzarán a las 10 en el Cine Teatro José Hernández de Rawson.
La denuncia se basó en el testimonio de un integrante de la Armada, el cabo Carlos Ariel Alegre, y en una importante cantidad de documentación presentada ante la justicia federal de Rawson. En un allanamiento posterior se secuestraron discos rígidos y carpetas con normativa sobre prácticas de inteligencia y mensajes navales con partes de seguimiento de activistas gremiales, sociales, de organismos de derechos humanos, periodistas y políticos locales y nacionales. Los informes eran confeccionados por diferentes órganos de la Armada, que clasificaban ideológicamente a los espiados y circulaban a través de los canales de inteligencia bajo el rótulo de información secreta y confidencial. Esta prueba ratificó el contenido de la denuncia.
Luego, la investigación demostraría la existencia de un flujo vertical y horizontal de la información de inteligencia producida y puesta a circular por oficinas de la Armada. Los orígenes y destinos de esta información eran diversas dependencias de la Armada Argentina de todos los niveles jerárquicos, lo que indicaba que estas actividades constituían una práctica estructural dentro de la Fuerza.
Dos años más tarde, y tras un análisis exhaustivo de los documentos secuestrados, se demostró el carácter estructural y sistemático de las tareas de espionaje. Por esta razón fueron procesados recientemente los ex jefe y subjefe del Estado Mayor de la Armada, almirantes Jorge Godoy y Benito Rótolo. Esta resolución del juez Daniel Rafecas provocó el inmediato pase a retiro de Godoy.
La denuncia tuvo un impacto significativo, no sólo en el plano judicial, sino también en relación con el diseño de políticas de control civil sobre las Fuerzas Armadas.
El 19 de abril de 2006 se reglamentó el Sistema de Inteligencia Militar que enfatizó la prohibición expresa a los organismos de Inteligencia de las distintas fuerzas de “realizar tareas represivas y de investigación criminal” y obtener “información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas” (resolución 381).
El 18 de agosto de 2006, se reglamentó la Ley de Defensa Nacional, con el objetivo de “consolidar el control civil de las Fuerzas Armadas”. La medida se tomó mediante el dictado del decreto 727, que en su parte fundamental delegó en el Ministerio de Defensa la dirección del sistema de defensa nacional.
En la causa en la que el CELS es querellante se encuentran imputados el vicealmirante Eduardo Luis Aviles; los contraalmirantes Pablo Carlos Rossi y Luis De Vincenti; los capitanes de navío Jorge Alberto Janiot, Gustavo Leopoldo Ottogalli, Carlos Daniel Vázquez, Carlos Ruda y Félix Medici; los capitanes de corbeta Eduardo Omar Merlo, Cristian Andrés Vidal y Gustavo René Monzani; el suboficial principal Alfredo Luis Andrade, el suboficial primero Vicente Claudio Rossi y el suboficial segundo Daniel Vicente Guantay.
Más allá de las responsabilidades individuales y de las sanciones penales que se determinen en el juicio oral y público, este caso constituye una oportunidad para profundizar políticas que adecuen todas las prácticas de inteligencia a los principios fundamentales de la consolidación democrática. En este sentido, es necesario que se enfatice el control civil de las fuerzas armadas y de seguridad, la proscripción de cualquier práctica de inteligencia sobre datos sensibles de las personas (opiniones políticas, religiosas u otras) y una clara separación entre las actividades de defensa y seguridad interior.