El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó ante la Cámara de Apelaciones para ser tenido en cuenta como amicus curiae en el caso del productor Enrique Estevanez. Esta figura jurídica permite a un tercero involucrarse en el expediente y colaborar con el tribunal en la resolución del proceso.
En el amicus el CELS le explicó al tribunal que entre sus prioridades “se encuentra el fortalecimiento y desarrollo de la libertad de expresión y el acceso a la información pues constituye una de las herramientas fundamentales para construir una sociedad informada y una democracia participativa que permita a los ciudadanos ejercer el control de las instituciones de gobierno”.
El caso Murano evidencia un claro límite a la libertad de expresión. Todo se remonta al 2002, cuando Murano publicó en La Primera una nota en la que dejaba constancia de que la AFIP estaba investigando por evasión impositiva a varias personas conocidas, entre las que se encontraba el productor Enrique Estevanez. Como un tiempo después el empresario logró demostrar que no había cometido ningún delito, inició una acción por daños y perjuicios contra el Grupo H S.A. (dueño de la publicación) y Murano. Si bien el periodista basó su trabajo en una fuente fidedigna, la jueza del caso condenó en forma solidaria tanto al autor de la nota como a la editorial responsable al pago de cincuenta mil pesos. Esto “pese a las distintas responsabilidades y conductas que la propia sentencia determina respecto de los codemandados”, destacó el CELS. Como la empresa está concursada, la totalidad del pago recayó en el trabajador de prensa.
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