Franco Oscari tiene una causa penal en la Justicia Federal por haber enviado un único mensaje por Facebook al perfil personal de la senadora Patricia Bullrich, el 16 de abril de 2026. A partir de ese hecho, el Estado puso todos sus recursos para iniciar una investigación por el delito de amenazas coactivas. Dos meses después, allanaron su domicilio en la provincia de Jujuy, le secuestraron el celular y lo detuvieron en plena madrugada. Rechazaron su excarcelación por ser pobre, y la Policía Federal decidió primero trasladarlo a la Ciudad de Buenos Aires y, luego de que esa medida fuera suspendida por el juzgado, lo llevaron a una cárcel en Salta.
La secuencia evidencia una escalada en la intensidad de la intervención estatal a partir de un único hecho investigado, cuya gravedad es sumamente discutible. Esto muestra una serie de problemas graves.
Uno es el uso del derecho penal frente a expresiones contra altos funcionarios públicos, incluso cuando sean críticas u ofensivas. Que sean ubicadas bajo el delito de amenazas coactivas es preocupante ya que no se realiza un análisis básico que establezca la seriedad de una amenaza, es decir, qué posibilidades reales existen de que esas expresiones puedan materializarse en una agresión.
Otro está vinculado con la interpretación que muchas veces hacen los funcionarios judiciales acerca de las condiciones precarias de vida de una persona como un “riesgo” para la causa. En el caso de Franco Oscari, el hecho de que vive en el campo y no tiene conectividad fue usado como argumento para negarle la excarcelación. Es decir: las mismas razones que podrían llevar a la conclusión de que Franco Oscari no tiene las condiciones materiales necesarias como para materializar una agresión contra la senadora Bullrich, terminan dando lugar a una decisión de castigo anticipado (porque eso es la prisión preventiva en estos casos) basada en su modo de vida. Así, desde la centralidad de la Ciudad de Buenos Aires las condiciones de vulnerabilidad social y territorial pasan a operar como fundamentos para mantener la privación de la libertad.
El tercer problema es la forma en que se ejecutó su traslado. Hubo una decisión inicial de mandar a Oscari a Buenos Aires, que tuvo escalas en Salta y Tucumán, antes de que el juzgado la suspendiera y resolviera enviarlo a una cárcel en Salta. Y resulta especialmente grave que, según denunció su defensa, no les informaron dónde permanecía alojado, por lo que promovió un hábeas corpus. Las decisiones sobre el traslado, el lugar de alojamiento y las condiciones de detención inciden directamente sobre las posibilidades de defenderse, de mantener sus vínculos y sobre su dignidad personal. La falta de información sobre el paradero de una persona detenida es una situación grave que provoca una justificada alarma entre sus familiares y allegados. Corresponde extremar el control judicial sobre la ejecución de ese tipo de medidas.
Por último, nos preguntamos sobre el alcance de las medidas de investigación. La orden de extracción forense del teléfono celular es desproporcionada. Le da al Estado acceso total a datos y comunicaciones que son totalmente ajenos a la investigación.
Resulta preocupante el débil o nulo control de estas prácticas abusivas por parte de algunos funcionarios judiciales. Sin el reclamo generalizado de familiares y organizaciones, la decisión de trasladarlo a CABA tomada por la Policía Federal de manera discrecional se habría implementado sin que la justicia se expidiera sobre el tema.
En general todo el despliegue de recursos estatales está fuera de escala, teniendo en cuenta la naturaleza del hecho investigado. Cuando esto sucede, hay que mirar entonces cuál es el mensaje detrás de estas decisiones políticas y judiciales. No es la primera vez que expresiones en redes sociales son consideradas como delitos especialmente graves por un gobierno nacional que, por otro lado, tolera e incluso organiza hostigamientos digitales de todo tipo.