Caso Carrera: Un fallo que avala la arbitrariedad y la violencia policial

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal condenó a Fernando Carrera a 15 años de prisión por los hechos conocidos como la “Masacre de Pompeya”.

La decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal de condenar a Fernando Carrera a 15 años de prisión por los hechos conocidos como la “Masacre de Pompeya” evidencia una vez más las dificultades del sistema judicial para desmontar tramas de encubrimiento en las que intervienen policías, fiscales y jueces. Estas dificultades derivan en la imposibilidad de hacer justicia en casos viciados de irregularidades desde sus inicios, aún cuando existe un mandato de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El 5 de junio de 2012, la Corte Suprema hizo lugar a un recurso extraordinario de la defensa de Carrera y dejó sin efecto el fallo anterior de los jueces de Casación por considerar que no habían realizado la revisión “integral, exhaustiva y amplia” de la condena que ameritaba el caso.

La Cámara, en lugar de realizar esa revisión exhaustiva que había ordenado la Corte, optó por un camino meramente formalista en el que se resiste a poner en duda la versión policial-judicial y funciona como coartada para no desarticular esas tramas. El tribunal orientó todos sus esfuerzos a encontrar argumentos que desacrediten a la defensa, a la vez que ignoró e invisibilizó elementos relevantes que muestran la responsabilidad policial en el encubrimiento de las irregularidades y en el desencadenamiento mismo de la tragedia.

Así, los integrantes de la Sala III desconocieron las complejidades que supone para una defensa probar sin sombra de duda las irregularidades policiales denunciadas, por lo que el proceso de revisión terminó siendo una coartada para confirmar lo ya decidido de antemano y no para hacer justicia.

En síntesis, el fallo transmite el mensaje de que la impunidad del accionar policial puede ser garantizada a través de las diferentes instancias judiciales y que las resistencias para desarmar la histórica trama de complicidades policial-judicial mantienen toda su vigencia. Entendemos que este debe ser un punto central del debate sobre la democratización de la justicia. Por esta razón, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acompañó hoy a la defensa de Fernando Carrera en la presentación de un nuevo recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que intervenga en el caso.

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