Mónica Alegre y Vanesa Orieta, madre y hermana de Luciano Arruga; Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Delegación La Matanza (APDH-Matanza), denunciaron que durante un periodo de casi un año y medio la familia de Luciano fue vigilada a través de escuchas telefónicas. Este hecho indica que la fiscal Celia Cejas sospechaba que los familiares estaban involucrados o al menos ocultaban información. Asimismo, el juez Gustavo Banco, que por entonces entendía en la causa, avaló las escuchas y no dispuso control alguno sobre las mismas.
Ante estas circunstancias la familia de Luciano, el CELS y la APDH-Matanza promovieron hoy el juicio político para el juez Banco y la fiscal Cejas ante Secretaria Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.
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