Este miércoles 23 de abril, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal emitió su sentencia sobre los hechos que fueron parte del segundo juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El primer juicio fue suspendido por la muerte del único imputado, Héctor Febrés, en 2007. El tribunal de Casación, integrado por los jueces Ángela Ledesma, Pedro David y Alejandro Slokar hizo lugar a los recursos presentados por las querellas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Justicia YA. El fallo confirmó, por un lado, las condenas de la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal nº 5 (TOF 5) de la Capital Federal y revocó, por el otro, las absoluciones de Manuel Jacinto García Tallada (por dos hechos) y Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco (absoluciones totales) por arbitrariedad en la valoración de la prueba. Dispuso además que estos casos fueran remitidos al tribunal de origen para que dicte la pena correspondiente.
La sentencia del TOF 5 fue dictada el 27 de octubre de 2011, luego de casi dos años de debate oral. En esa oportunidad el fallo de los jueces condenó a penas de entre 18 años y prisión perpetua a 16 represores por 86 crímenes de lesa humanidad. Los imputados que recibieron prisión perpetua fueron Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Ricardo Miguel Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Miguel Donda, Alberto Eduardo González, Oscar Antonio Montes, Antonio Pernías, Jorge Carlos Radice, Néstor Omar Savio, Raúl Enrique Scheller y Ernesto Frimón Weber. Por otra parte, Juan Carlos Fotea, ex sargento de la policía federal, y Manuel Jacinto García Tallada fueron condenados a 25 años de prisión; Carlos Capdevilla fue condenado a 20 años y Juan Antonio Azic a 18. El fallo de hoy de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firmes estas penas y confirmó que los delitos cometidos en la ex ESMA son crímenes de lesa humanidad.
La condena al Grupo de Tareas que operó en el centro clandestino es el resultado de un largo recorrido protagonizado de manera incansable por los organismos de derechos humanos, las víctimas y sus familiares, con el apoyo de diversos actores políticos. El CELS fue cabeza de querella en este juicio que tuvo entre sus víctimas a Rodolfo Walsh y el “grupo de la Santa Cruz”, integrado por familiares de detenidos desaparecidos que fueron secuestrados en 1977, del que formaban parte las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo María Eugenia Ponce de Bianco, Esther Ballestrino de Careaga y Azucena Villaflor de Vicenti y las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon.
Más allá de reconocer este fallo histórico por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención por el que se estima que pasaron más de 5000 personas, es importante destacar que la confirmación de Casación se produce dos años y medio después de la sentencia dictada por el TOF nº 5. Son 115 las sentencias dictadas en el marco del proceso de justicia y sólo 20 se encuentran firmes, 18 confirmadas por la Corte Suprema de la Nación. Otras 34 se encuentran ratificadas por Casación y 61 aún no han sido convalidadas en ninguna instancia. Esta situación demuestra la necesidad de implementar todos los mecanismos necesarios para acelerar la confirmación de las sentencias aún pendientes.