El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) repudia la represión que tuvo lugar el martes pasado en Tucumán cuando la policía local atacó con balas de goma y bastonazos a una manifestación que reclamaba la reincorporación de 36 trabajadores bancarios que habían sido cesanteados de la Caja Popular de Ahorros (CPA). Resulta alarmante la violencia generalizada y desmedida de la represión que tuvo como resultado 22 personas heridas.
En 2011 el gobierno provincial firmó el acta acuerdo “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”, en el marco del Consejo de Seguridad Interior del Ministerio de Seguridad de la Nación. En esa oportunidad 17 provincias de nuestro país se comprometieron a fortalecer la gestión política de los conflictos sociales y avanzar en el principio de no represión impulsado desde el gobierno nacional.
La represión contó con la participación de agentes de la Infantería de la Policía de Tucumán preparados para situaciones de extrema violencia. La corta distancia desde la cual se efectuaron los disparos causó heridas graves a los manifestantes. Este accionar policial es contrario a los Criterios Mínimos del acta acuerdo firmada por el gobierno provincial.
El gobierno de la provincia es responsable de la represión y de las heridas provocadas a los manifestantes. Resulta indispensable la búsqueda de soluciones políticas a los conflictos laborales y la investigación administrativa y judicial del accionar policial para que sus consecuencias no queden impunes.