La Corte Suprema debe garantizar el derecho al territorio de la comunidad Potae Napocna Navogoh

Organizaciones integrantes de la Mesa de diálogo que acompaña a la comunidad indígena Potae Napocna Navogoh en el reclamo por el reconocimiento de su territorio presentaron hoy un amicus curiae ante la Corte Suprema de la Nación.

Ocho organizaciones integrantes de la Mesa de diálogo que acompaña a la comunidad indígena Potae Napocna Navogoh en el reclamo por el reconocimiento de su territorio presentaron hoy un amicus curiae ante la Corte Suprema de la Nación.

Las organizaciones consideran que el proceso de relevamiento del territorio tradicional realizado por el Instituto de Comunidades Aborígenes de la provincia de Formosa y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no garantizó la consulta y el consentimiento previo, libre e informado y su resultado atenta contra el objetivo de reconocer el derecho al territorio de las comunidades indígenas.

En el amicus, las organizaciones sostienen que el relevamiento desconoce la relación de la comunidad indígena con el territorio tradicional, no tuvo en cuenta la información aportada por sus integrantes, dejó afuera territorio tradicional de la comunidad y les reconoce menores tierras que su título de propiedad. Este proceder no respeta los estándares internacionales de derechos humanos e implica una violación del derecho al territorio de la comunidad Potae Napocna Navogoh. Por estos motivos, el amicus le pide a la Corte que dé por incumplido el relevamiento y que reconozca el territorio ancestral reclamado por la comunidad en la presentación que dio origen a la causa judicial.

Este relevamiento fue ordenado por la Corte Suprema ante el recurso de amparo en el que la comunidad – con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación- reclamó su derecho al territorio vulnerado por la ocupación de una parte de su territorio por particulares, un erróneo relevamiento de terrenos públicos y la construcción de una sede de la Universidad de Formosa en tierras indígenas.

El amicus fue presentado por Amnistía Internacional Argentina (AIAR), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH),  la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT), el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).

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