El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos está concentrando mayor atención en la escena global. La violencia relacionada al tráfico ha ido en aumento, mientras que las políticas de fiscalización se traducen en la persecución de pequeños actores, que son enviados a cárceles cada vez más sobrepobladas, al mismo tiempo que los efectos sociales y sanitarios de este problema permanecen en segundo plano o ignorados. En este contexto, la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre políticas de drogas, que se realizará en 2016, representa una oportunidad única para explorar otros enfoques y centrar el debate global en el respeto por los derechos humanos. El CELS, junto a otras organizaciones de derechos humanos, está trabajando para lograr este objetivo. Hoy, las políticas de drogas están siendo discutidas activamente en foros como la OEA y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El viernes pasado, la OEA realizó su primera Asamblea General Extraordinaria sobre el tema y aprobó una resolución que sostiene que “el problema mundial de las drogas debe ser abordado desde una perspectiva transversal de derechos humanos”. La resolución que se presenta como un aporte a la UNGASS de 2016 llama a los Estados a analizar los resultados de políticas innovadoras, tal como el caso uruguayo, y solicita a la Comisión de Seguridad Hemisférica que investigue las causas estructurales que contribuyen a la violencia.
Además, el documento hace referencia a una resolución, presentada por Argentina y Uruguay y adoptada por la Asamblea General de la OEA en junio, que explicita la necesidad de promover y proteger los derechos humanos mientras se buscan políticas eficaces para resolver el problema de las drogas. En esta resolución, la Asamblea General destacó el importante papel que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puede jugar en relación a las políticas de drogas.
Ahora la región debe profundizar este debate y tomar acciones concretas para contribuir a una reforma sustancial. Los países deben repensar los objetivos de sus políticas y las normas existentes para apuntar a reducir la violencia y la militarización, y fortalecer las respuestas sanitarias. América Latina ha sufrido las consecuencias de la fallida “guerra contra las drogas” en los últimos 50 años, y las experiencias de la región deben ser llevadas al debate global.
En el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas este martes, Argentina y otros 15 países de diversas regiones hicieron una declaración que llama a esa entidad a tomar un papel protagónico en los preparativos de la UNGASS. El pronunciamiento destaca la importancia de “analizar las diferentes dimensiones del tema, más allá del enfoque tradicional, que está basado principalmente en la reducción de la demanda y la oferta de drogas, y en la prohibición y persecución penal” y subraya “la necesidad imperiosa de tomar en cuenta un enfoque de derechos humanos y salud pública”.
El proceso iniciado de cara a la UNGASS 2016 representa una oportunidad única para reflexionar sobre el modelo imperante, evaluar sus aciertos y fracasos, y proponer nuevas estrategias o alternativas. El debate sobre las políticas de drogas tiene que ser más amplio e incorporar a otras agencias de la ONU, organizaciones no-gubernamentales, académicos y científicos para explorar cambios profundos e insistir en un enfoque de derechos humanos. Los países latinoamericanos están jugando un papel clave en la promoción de este debate y deben seguir apoyando los esfuerzos para revertir las políticas basadas en la criminalización. Las organizaciones de derechos humanos de la región participan constructivamente en estas discusiones y continuarán trabajando para mitigar los daños del paradigma actual.