El pasado fin de semana, cinco jóvenes murieron y 5 sufrieron graves daños a su salud por tomar pastillas cuya composición aún no se conoce. Estas muertes evitables generaron un debate social que es necesario profundizar.
El modelo prohibicionista y el enfoque punitivo del consumo fracasaron en el objetivo de alcanzar una “sociedad libre de drogas”. En esencia, la prohibición tiene al menos tres tipos de consecuencias negativas. Por un lado, la ausencia de regulación estatal no hace más que fortalecer el negocio de la producción y el tráfico de drogas y generar ganancias extraordinarias. Por otro, en su “guerra contra las drogas” el sistema penal -las fuerzas de seguridad, los servicios penitenciarios, el Poder Judicial- es responsable de graves violaciones a los derechos humanos. Por último, los graves daños a la salud de los consumidores se derivan en buena medida de la ausencia del Estado en su rol de contralor: las drogas son un gigantesco mercado desregulado o, mejor dicho, regulado por mafias. La muerte de los jóvenes en Costa Salguero es consecuencia de esto último.
Es necesaria una mirada sobre los consumidores no centrada en lo punitivo ni en la criminalización, que haga posible que el Estado desarrolle una política de reducción de daños. Un aspecto de estas políticas debería ser la presencia de las agencias estatales en la verificación de las sustancias que se consumen para evitar mezclas y adulteraciones letales y para informar sobre los hábitos de consumo que son menos dañinos. Además se requiere una mirada más estructural como la que adoptan las experiencias de regulación estatal de los mercados de drogas que se han comenzado a explorar en otros países.
Estas discusiones se están dando ahora mismo a nivel internacional, en la Sesión Especial de las Naciones Unidas por el tema drogas (UNGASS) que está sucediendo en Nueva York. Allí, la Argentina tiene la oportunidad de apoyar a los países que están impulsando un cambio en el sistema internacional de control de las drogas en un sentido más respetuoso de los derechos humanos. Estos avances internacionales podrían servir de marco para adoptar políticas nacionales menos atravesadas por la retórica de la guerra y la invasión de los barrios pobres y que, en cambio, dispongan más recursos para un abordaje socio-sanitario de reducción de daños para los consumidores, a partir de la importancia del fortalecimiento democrático en el manejo del fenómeno de las sustancias psicoactivas.
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