El Comité de Derechos Humanos de la ONU difundió este viernes sus observaciones finales sobre el cumplimiento del Estado argentino del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene rango constitucional en nuestro país. Esta evaluación señaló algunos de los graves problemas de derechos humanos que requieren políticas concretas e iniciativas institucionales. El Estado, ahora, debe implementar las recomendaciones para materializar el compromiso expresado por sus funcionarios en el diálogo con los expertos del Comité.
Motivos de preocupación y recomendaciones que se destacan en el documento del Comité sobre la Argentina:
Demoras para investigar la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad y cambios preocupantes en áreas del Estado vinculadas a la protección de los derechos humanos
• El Comité destacó el informe sobre la responsabilidad empresarial en delitos contra trabajadores durante la dictadura y la creación de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas “pero lamenta los obstáculos en el avance de las investigaciones de estos delitos y que dicha Comisión no haya sido implementada hasta el momento”.
• Exige que se avance en el juzgamiento de los empresarios y/o el personal de las empresas involucrados en delitos de lesa humanidad.
• En varios puntos, expresó preocupación por “la adopción de recientes medidas de reducción de personal y cambios institucionales en áreas destinadas a la protección de los derechos humanos, particularmente respecto a las instituciones destinadas al proceso de memoria, verdad y justicia”.
Preocupación por las reformas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que favorecen la concentración
• De acuerdo con el Comité, el Estado debe “revisar las recientes reformas en el servicio de comunicaciones audiovisuales … que podrían tener el efecto de concentrar la titularidad de los medios de comunicación y afectar negativamente el derecho a la libertad de expresión”. Además, el documento exigió la adopción de medidas para impedir esa concentración.
Persistencia de prácticas de tortura y malos tratos y falta de investigación y sanción
• Los expertos manifestaron preocupación por los niveles de autogobierno de los servicios penitenciarios y el escaso número de condenas a los responsables de torturas o malos tratos.
• Recomendaron medidas específicas para una mejor investigación y sanción de estos delitos y señaló que urge la implementación de la Ley que creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Para el Comité, se debe “asegurar que el Mecanismo Nacional de Prevención [de la Tortura] sea establecido en todas las regiones del país … [y que] disponga de recursos humanos y financieros suficientes para funcionar eficientemente”.
Hacinamiento en las cárceles y lugares de detención prohibidos
• El Comité solicitó que el Estado adopte “medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales de los centros penitenciarios, reducir el hacinamiento existente y responder debidamente a las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad, en particular el acceso a la salud, tanto en el ámbito federal como provincial”.
• Indicó preocupación por el uso de las comisarías como lugares permanentes de detención.
Muertes en el hospital neuropsiquiátrico Melchor Romero. Necesidad de implementar la Ley Nacional de Salud Mental
• Expresó preocupación por “internaciones por períodos prolongados, sin control efectivo, y el fallecimiento de 133 personas en el Hospital Melchor Romero, entre 2012 y 2014”.
• Recomendó “la plena aplicación de los estándares internacionales y de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657”.
Detenciones policiales arbitrarias
• Cuestionó la normativa y las prácticas policiales para la detención de personas sin orden judicial. Expresó particular preocupación por las detenciones por averiguación de identidad sin control judicial suficiente.
• Exigió que el Estado tome “todas las medidas necesarias, incluyendo medidas legislativas, con el fin de combatir eficazmente las detenciones no vinculadas a la comisión de un delito”.
“Lentitud” e “información limitada” sobre la investigación del ataque a la AMIA
• Subrayó que “El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para investigar lo ocurrido en el ataque en 1994 al edificio de la AMIA, con el fin de que los responsables sean llevados ante la justicia” y “tomar las medidas necesarias para garantizar que la investigación se lleve a cabo de una manera rápida, efectiva, independiente, imparcial y transparente”.
Inmediata liberación de Belén y descriminalización del aborto
• Reconoció la importancia del fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre abortos no punibles y expresó su preocupación por los obstáculos que siguen restringiendo su accesibilidad.
• Se refirió expresamente al caso de Belén, una joven de 27 años privada de su libertad desde hace más de dos años por haber sufrido un aborto espontáneo en un hospital público. Indicó que “El Estado debe revisar el ‘caso de Belén’, a la luz de los estándares internacionales en la materia, con miras a su inmediata liberación y, a la luz de este caso, considerar la descriminalización del aborto”.
Atrasos en la aplicación de la ley integral para erradicar la violencia contra las mujeres
• Reprochó las deficiencias en la aplicación de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la insuficiencia de presupuesto, la falta de implementación del Plan Nacional que la norma exige y la falta de instrumentación de la Ley de Patrocinio Jurídico Gratuito para las víctimas de violencia de género.
Tierras indígenas sin reconocimiento y protección
• Cuestionó que las tierras indígenas sigan sin ser reconocidas y protegidas legalmente. Remarcó que los pueblos indígenas continúan siendo objeto de violencia y desalojos forzosos en varias provincias del país.
• El Estado debe “en consulta con los pueblos indígenas, intensificar sus esfuerzos en la demarcación y reconocimiento legal de los territorios sobre los cuales los pueblos indígenas tienen derechos” y “proteger de manera efectiva a los pueblos indígenas contra todo acto de violencia, y velar por que los autores de tales actos sean llevados ante la justicia y debidamente sancionados, y que las víctimas obtengan una reparación adecuada”.
Durante la evaluación de la Argentina, el CELS presentó un informe sobre la vigencia de los derechos civiles y políticos y expuso en una audiencia ante los miembros del Comité en Ginebra. Además enviamos informes temáticos en alianza con otras organizaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las personas migrantes y la situación del aborto en la Argentina.