El escenario de violencia desatada anoche por la policía local en un comedor de Lanús en el que había niños muestra situaciones que se vienen repitiendo en las intervenciones de las fuerzas de seguridad. Operativos de control poblacional, de control de manifestaciones o incluso persecuciones vehiculares derivan cada vez con mayor frecuencia en escaladas de violencia fomentadas por los efectivos policiales. Sucedió anoche, pero también la semana pasada en La Boca, y antes en la cacería que siguió a la marcha del 8M.
Estas situaciones muestran la falta de profesionalismo y formación de las policías, que son incapaces de prever y manejar las posibles derivaciones de los operativos. Así, la demora en un retén se transforma en una persecución y luego en un allanamiento violento con destrozos en un comedor y represión generalizada, con disparos de balas de goma y gas pimienta como modo de abordar una protesta barrial que tampoco saben manejar.
Pero también muestran una alarmante facilidad y rapidez para desencadenar una violencia desproporcionada e indiscriminada. El rol de los jefes de los operativos es central para limitar el uso de la fuerza, y ese rol parece hoy ausente. En el episodio de anoche, la confusión de roles llegó al punto de que el responsable político de la seguridad en el municipio de Lanús estaba presente en el operativo, como si su función fuera conducir a las fuerzas en el territorio.
Las consecuencias de estas actuaciones son varias y ninguna es buena. A partir de la represión se realizan detenciones arbitrarias de jóvenes mayores y menores, que la policía engloba en la figura de “resistencia a la autoridad”. Las fuerzas de seguridad no solo no resuelven el conflicto inicial ni llevan tranquilidad al barrio, sino que terminan generando más tensión. En estas privaciones de la libertad, las personas quedan detenidas sin información de adónde son derivadas y terminan realizando denuncias de haber recibidos golpes, maltratos o torturas.
El accionar de la policía ayer en Lanús fue impulsado por el municipio, pero refleja la política de saturación impulsada por el Ministerio de Seguridad provincial, que no está eximido de responsabilidad por la violenta actuación policial.