Distintos organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y religiosas enviamos un documento al nuevo obispo castrense, Santiago Olivera, quien asume hoy sus funciones en un obispado con una deuda histórica pendiente: “admitir la responsabilidad institucional que tuvo en el surgimiento, sostén y reproducción del terrorismo de Estado en la Argentina (1975-1983).
Se le reclama en el escrito que, al asumir su nueva tarea, resuelva la “apertura y puesta a disposición para las causas judiciales y los organismos de derechos humanos, de los archivos del Obispado Castrense, tanto de la curia como de las distintas capellanías”.
El documento subraya que “en el marco del enorme repudio que cosechó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hemos visto cómo algunos sectores -entre ellos los obispos argentinos- pretendieron reinstalar la idea de una ‘reconciliación entre los argentinos'”. Al mismo tiempo la jerarquía católica “continúa eludiendo su responsabilidad en el genocidio”, en sus discursos y escritos “jamás ha hecho mención alguna de la actuación del obispado castrense” y “esquivó exitosamente el proceso de verdad y justicia reabierto en la década pasada”.
También se reclama que, junto a otras medidas, realice un “pronunciamiento público acerca del rol cumplido por la institución durante la última dictadura cívico-militar”.
La carta se puede leer en este enlace.