A las 7 de la mañana del sábado 14, sin ningún tipo de preaviso a Milagro Sala ni a sus abogados, la líder de la organización Tupac Amaru fue trasladada por la fuerza desde su casa, donde cumplía prisión domiciliaria, en un operativo a cargo del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales de la provincia de Jujuy hacia el penal de Alto Comedero.
Solo una vez que se concretó el traslado, sus abogados tomaron conocimiento de la resolución del juez Pablo Pullen Llermanos en la que se dispuso este nuevo incumplimiento de la medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pedido del CELS, Amnistía Internacional y Andhes. La decisión de no informar a sus defensores fue deliberada y vulneró su derecho a la defensa.
El escrito del juez aludió a un supuesto distinto del fallo de la Cámara de Apelaciones y Control por el que el 29 de septiembre se revocó la detención de Milagro Sala. Esta resolución fue apelada ante la Cámara de Casación de la provincia. En paralelo a ese trámite, Pullen Llermanos inventó una causal de incumplimiento de las condiciones del alojamiento de Milagro Sala en su casa a partir de una supuesta negativa a realizarse unos estudios médicos.
Por primera vez desde que entiende en el caso, el juez realizó un expreso reconocimiento de que Milagro Sala atraviesa una situación de riesgo para su vida e integridad personal, pero lo hace para sostener que ese riesgo exige su atención médica en el penal de Alto Comedero. De esta manera, realizó una perversa utilización de las razones por las que la CIDH concedió la cautelar, como excusa para su incumplimiento.
La semana entrante las organizaciones que presentamos el pedido de medidas a favor de la libertad y la integridad de Milagro Sala ante la CIDH asistiremos a la reunión de ese organismo en Montevideo para plantear el incumplimiento del Estado argentino a sus deberes internacionales.