Petter Titland, activista noruego que integra Attac (Asociación por la tasación de las transacciones financieras y de ayuda a los ciudadanos), había planeado participar en la Conferencia Ministerial de la OMC que se realizó en Buenos Aires entre el 10 y el 13 de diciembre. Primero, un mail de la OMC le informó que si bien su organización había sido acreditada, las autoridades de seguridad en el país anfitrión habían rechazado su acreditación “por razones sin especificar”. Unas 65 personas de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo recibieron el mismo mail.
Titland decidió viajar a la Argentina igual para participar en otras actividades. Llegó el 7 de diciembre, fue retenido durante 10 horas en el aeropuerto internacional de Ezeiza y deportado a Brasil en la madrugada del 8 de diciembre. Las autoridades migratorias lo acusaron de ser un “falso turista”, aunque muchas otras personas que vinieron a Buenos Aires para participar de la Conferencia Ministerial de la OMC y los eventos relacionados entraron al país como turistas. Entonces, ¿qué explica la deportación de Titland y de la periodista británica-ecuatoriana Sally Burch, quien iba a participar en la reunión en su calidad de experta en regulación de Internet?
El CELS intervino en este conflicto antes de las deportaciones, al presentar solicitudes legales y administrativas que buscaban averiguar qué información fue recolectada por el gobierno argentino para poner en una lista a estas 65 personas, cómo fue recabada (legal o ilegalmente) y qué criterios fueron utilizados para prohibir su participación en la reunión de la OMC. También presentamos un habeas corpus colectivo en cuanto nos enteramos de que había activistas cuyas acreditaciones fueron rechazadas que estaban retenidos en el aeropuerto de Ezeiza y a quienes se les permitió ingresar al país, solo después de que sus embajadas intervinieran.
Cuando empezó la polémica sobre las desacreditaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó en un comunicado que la decisión se había tomado en virtud de que las organizaciones o las personas “habían hecho explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos”. Es claro, entonces, que el gobierno hizo inteligencia, muy posiblemente basada en la afiliación organizativa u opinión política de las personas, actividad prohibida por la ley argentina. Por eso, solicitamos que se hicieran explícitas las restricciones de seguridad que se habían establecido para participar de un evento como la OMC y que se explicara la relación entre esa evaluación y las razones para prohibir u obstaculizar el ingreso al país.
En la audiencia judicial sobre el habeas corpus, el sábado 9 de diciembre, el gobierno presentó la lista de 65 personas cuyas acreditaciones fueron rechazadas, pero insistió en que no era una lista que impidiera el ingreso al país y que no tenían ninguna relación con las deportaciones de Titland y Burch. Sí reconoció que el Ministerio de Relaciones Exteriores envió la lista a la Dirección Nacional de Migraciones, en calidad de “alerta”. Los nombres de Titland y Burch figuraban ahí.
Como respuesta a los pedidos de habeas data y a la solicitud de acceso a la información pública que presentamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que no podía proveer detalles sobre qué información había sido recolectada ni cómo. Derivó los pedidos al Ministerio de Seguridad y a la Agencia Federal de Inteligencia.
El sistema de inteligencia argentino sigue operando con poca transparencia y una legalidad cuestionable. La prohibición de acopiar información sobre personas por sus convicciones políticas o ideológicas ha sido violada una y otra vez, en distintos casos que han salido a la luz pública. La utilización de criterios ideológicos y políticos para producir inteligencia está prohibida por la ley y todo acto que derive de esta información y análisis es ilegítimo.
El gobierno actual reformó por decreto la ley de migraciones- citada como modelo en la región por su perspectiva de derechos humanos- para debilitar las garantías de las personas migrantes y extranjeras que llegan al país. Esta modificación dejó a las personas rechazadas en frontera sin protección legal. Asimismo, el concepto de “falso turista” no surge de la ley, sino que fue creado por disposición administrativa en 2014 como una categoría discrecional. En estos casos la utilización de esta categoría fue un pretexto para materializar la alerta generada por la lista.
Después de las deportaciones de Titland y Burch, y gracias a la presión legal, diplomática y mediática, no se le impidió a nadie más el ingreso al país. Además, el gobierno argentino anunció que decidió re acreditar a algunas de las personas de la lista, entre ellas Petter Titland. Durante la audiencia de habeas corpus, los abogados del CELS lograron que la Dirección Nacional de Migraciones asegurara que ninguna de las personas en la lista tenía prohibido ingresar a la Argentina, Titland y Burch incluidos.
En base a estas garantías, Titland decidió volver a la Argentina el lunes pasado. Pudo participar en la Conferencia Ministerial de la OMC.
Sin embargo, muchas otras personas y organizaciones se quedaron sin acreditaciones, entre ellas la ONG chilena Derechos Digitales, la argentina Fundación Grupo Efecto Positivo y la británica Global Justice Now. Algunos activistas cuyos nombres aparecieron en la lista nos dijeron que evitaron viajar a la Argentina por miedo, y a otros les fue negada la visa. Algunos están preocupados que estas marcas queden en su historial migratorio. Este proceder del gobierno argentino relacionado con el compromiso del país con la participación de la sociedad civil envía un mensaje intimidatorio.