El acuerdo sobre transferencia de datos va contra principios constitucionales

Bajo la apariencia de facilitar el comercio y la cooperación, el Acuerdo sobre Inversiones y Comercio Recíproco (AICR) que firmó en febrero el gobierno argentino con el de Estados Unidos, configura una decisión de alto riesgo: cede soberanía sobre la información personal de la población y erosiona garantías básicas como la protección del derecho a la privacidad y la autonomía informativa.

  

SIDE: el gobierno pone al Estado al servicio del espionaje interno

Con el DNU 941/25 se debilitan aún más los controles sobre el sistema de inteligencia. La ampliación máxima del secreto, la posibilidad de que los agentes de inteligencia detengan personas, la autonomía militar y el acopio masivo de nuestros datos personales son algunos de los puntos más preocupantes. El decreto es inconstitucional y debe ser rechazado por el Congreso.

  

Fuerzas federales: reformas que ponen derechos en riesgo

Los decretos que modifican las leyes orgánicas de la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario habilitan, sin controles claros, las tareas de ciberpatrullaje. El gobierno los dictó, al igual que la reforma de la Policía Federal, amparado por la Ley Bases, a pesar de no tener facultades para hacer reformas en seguridad.

  

El sistema de reconocimiento facial sigue suspendido en CABA

El poder judicial porteño resolvió pasar a un cuarto intermedio para definir las condiciones apropiadas para una auditoría por parte de los órganos de control. Es importante que se pueda conocer la información detallada sobre el software utilizado para el sistema de búsquedas para que no tengan un uso discriminatorio.

  

Uso ilegal del sistema de reconocimiento facial en CABA: a pedido del gobierno de la Ciudad, el TSJ sacó al juez de la causa

El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires decidió apartar al juez que intervenía en la causa en la que se discute la constitucionalidad del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). El TSJ tomó está decisión después de que se conociera el resultado de una pericia que revela el uso ilegal del sistema de reconocimiento facial en la ciudad.

  

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad buscó información biométrica de 7 millones de personas de manera ilegal

Estas tareas se realizaron en el marco del sistema de reconocimiento facial para la búsqueda de prófugos y a partir de un convenio con el ReNaPer, pero ese acuerdo les permitía sólo abordar un universo de poco más de 40.000 personas. La Justicia suspendió el uso del mecanismo y ordenó una serie de medidas para determinar si estos procedimientos pudieron haber sido utilizados para realizar trabajos de vigilancia masiva e inteligencia.

  

Sobre la reforma de Código Procesal Penal de la Ciudad

La reforma restringe el derecho a la defensa y las decisiones de la fiscalía ante una detención, endurece la prisión preventiva y duplica los plazos para resolverla. También amplía los plazos para la intervención de comunicaciones y otorga facultades a la policía (como el pago de informantes y agentes encubiertos) sin circunscribirlas a delitos específicos. Además extiende los plazos de investigación al punto de poner en riesgo el derecho a ser juzgado/a dentro de un período razonable.

  

La Legislatura porteña debate una reforma que habilita la vigilancia y vulnera la intimidad personal

Sin debate serio ni la participación de especialistas, el proyecto impulsado por el Ejecutivo permitirá: el ingreso remoto a celulares y computadoras, la vigilancia encubierta -incluso por delitos menores y contravenciones- a través de micrófonos y GPS, la manipulación de datos y la eliminación de los rastros del espionaje. A la discrecionalidad de los procedimientos que plantea, el proyecto tal como está redactado impide el control judicial efectivo.

  

La reforma del Código Procesal amplía las facultades del Estado para vigilar

Las organizaciones ADC, ACIJ, APP, INECIP y CELS enviamos una carta al Senado de la Nación ante la posible reforma del Código Procesal Penal el 18 de abril. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que dio dictamen al proyecto de ley en forma exprés, explicó que el proyecto solo incorporaba las reformas legislativas que se aprobaron en estos últimos años. Sin embargo, el proyecto de ley fue utilizado para incorporar cuestiones que todavía no son ley. El texto incorpora modificaciones importantes al régimen procesal que amplían las capacidades estatales para invadir la privacidad en el marco de una investigación penal.

  

Protesta, movimientos sociales y represión estatal

Los nuevos contenidos publicados en nuestra plataforma Protestar es un derecho recorren el mundo: desde Kenia, Hungría y Australia hasta Perú, Canadá y la Argentina. Las amenazas a este derecho fundamental se pueden ver en las calles, con represiones violentas, y también en la vigilancia estatal y persecución judicial. Este proyecto on line fue desarrollado entre openDemocracy, el CELS y la red INCLO, con el apoyo de la ACLU.

  

El gobierno debe revertir la exclusión de la sociedad civil de la Reunión Ministerial de la OMC

El gobierno argentino revocó las acreditaciones de actores clave de la sociedad civil ante la Organización Mundial de Comercio. Como pretendida justificación de esta medida reconoció que se basó en un análisis de las redes sociales de las organizaciones con el fin de excluir a las que fueron consideradas “disruptivas”. Presentamos con un conjunto de organizaciones una carta para que la decisión sea revertida.

  

El gobierno de México espía a las voces críticas

En medio de una ola de violencia impune contra periodistas y defensores de derechos humanos, se conoció que trabajadores de prensa, activistas y partidos políticos son vigilados y espiados por el gobierno mexicano. Organizaciones de derechos humanos pedimos que los hechos sean investigados por un panel de expertos independientes.