Sobre la reforma de Código Procesal Penal de la Ciudad

La reforma restringe el derecho a la defensa y las decisiones de la fiscalía ante una detención, endurece la prisión preventiva y duplica los plazos para resolverla. También amplía los plazos para la intervención de comunicaciones y otorga facultades a la policía (como el pago de informantes y agentes encubiertos) sin circunscribirlas a delitos específicos. Además extiende los plazos de investigación al punto de poner en riesgo el derecho a ser juzgado/a dentro de un período razonable.

  

La Legislatura porteña debate una reforma que habilita la vigilancia y vulnera la intimidad personal

Sin debate serio ni la participación de especialistas, el proyecto impulsado por el Ejecutivo permitirá: el ingreso remoto a celulares y computadoras, la vigilancia encubierta -incluso por delitos menores y contravenciones- a través de micrófonos y GPS, la manipulación de datos y la eliminación de los rastros del espionaje. A la discrecionalidad de los procedimientos que plantea, el proyecto tal como está redactado impide el control judicial efectivo.

  

La reforma del Código Procesal amplía las facultades del Estado para vigilar

Las organizaciones ADC, ACIJ, APP, INECIP y CELS enviamos una carta al Senado de la Nación ante la posible reforma del Código Procesal Penal el 18 de abril. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que dio dictamen al proyecto de ley en forma exprés, explicó que el proyecto solo incorporaba las reformas legislativas que se aprobaron en estos últimos años. Sin embargo, el proyecto de ley fue utilizado para incorporar cuestiones que todavía no son ley. El texto incorpora modificaciones importantes al régimen procesal que amplían las capacidades estatales para invadir la privacidad en el marco de una investigación penal.

  

Escuchas: La ICCSI pide al Senado de la Nación que no dé tratamiento exprés y abra el debate por la reforma

El Senado de la Nación trataría el 18 de abril un proyecto de ley para regular las escuchas, que es confuso y agravaría los problemas que ya hay. Las organizaciones que conformamos la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia solicitamos que el proyecto sea tratado en comisión y que se abra un proceso de debate público.

  

Protesta, movimientos sociales y represión estatal

Los nuevos contenidos publicados en nuestra plataforma Protestar es un derecho recorren el mundo: desde Kenia, Hungría y Australia hasta Perú, Canadá y la Argentina. Las amenazas a este derecho fundamental se pueden ver en las calles, con represiones violentas, y también en la vigilancia estatal y persecución judicial. Este proyecto on line fue desarrollado entre openDemocracy, el CELS y la red INCLO, con el apoyo de la ACLU.

  

OMC en Bs As: grave deportación de periodistas y activistas

Dos periodistas y activistas ya fueron deportados por decisión del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se recolectó información para denegar a activistas y organizaciones la participación en la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio? Presentamos un conjunto de habeas data y un pedido de acceso a la información.

  

El gobierno debe revertir la exclusión de la sociedad civil de la Reunión Ministerial de la OMC

El gobierno argentino revocó las acreditaciones de actores clave de la sociedad civil ante la Organización Mundial de Comercio. Como pretendida justificación de esta medida reconoció que se basó en un análisis de las redes sociales de las organizaciones con el fin de excluir a las que fueron consideradas “disruptivas”. Presentamos con un conjunto de organizaciones una carta para que la decisión sea revertida.

  

El gobierno de México espía a las voces críticas

En medio de una ola de violencia impune contra periodistas y defensores de derechos humanos, se conoció que trabajadores de prensa, activistas y partidos políticos son vigilados y espiados por el gobierno mexicano. Organizaciones de derechos humanos pedimos que los hechos sean investigados por un panel de expertos independientes.