El Relator Especial sobre tortura de las Naciones Unidas, Nils Melzer, presentó un informe preliminar al concluir su visita oficial al país en el que denunció las condiciones de detención en las comisarías y cárceles, a las que relacionó con la sobrepoblación y las políticas de mano dura que la alimentan.
“No se puede permitir que las personas vivan en estas condiciones. Tiene que haber una sensación de urgencia que esto no es algo para discutir sino algo que se tiene que solucionar. Es un poco como una casa en llamas –tenemos que actuar ahora o va a empeorar. Especialmente cuando vemos que hay proyectos legislativos y enfoques de política que probablemente aumenten aún más la población de las cárceles”, dijo Melzer durante una conferencia de prensa.
El relator sostuvo que estas condiciones de detención representan una cuestión de urgencia humanitaria y podrían constituir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Planteó que “no existe justificación económica, política, jurídica o de otra índole, respecto de cualquier acción u omisión de los poderes legislativo, ejecutivo o judicial, que deliberadamente exponga a los seres humanos a estas condiciones intolerables.” Durante su visita a distintas comisarías, alcaidías y pabellones penitenciarios en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Formosa, encontró situaciones alarmantes como celdas donde las canillas no funcionaban, situación que obliga a los detenidos a tomar el agua de los inodoros que utilizan para orinar y defecar.
Respecto a la violencia institucional señaló que es generalizada y que existe una brecha entre la cantidad de denuncias presentadas y las investigaciones que se llevan a cabo. El relator instó a que se realicen investigaciones inmediatas, imparciales y transparentes de toda denuncia recibida.
En sus conclusiones, el relator dijo: “No hay duda alguna de que, al permitir que surja, continúe y se exacerbe esta situación a pesar de los reiterados pedidos por parte de la sociedad civil y los mecanismos internacionales la Argentina es responsable de una generalizada, persistente y seria violación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Destacamos acá los puntos de mayor relevancia de sus observaciones:
Uso excesivo de la prisión preventiva
El relator mostró preocupación por el uso excesivo de la prisión preventiva. Afirmó que la privación de la libertad aún aparece como la medida de rutina dictada por el poder judicial en respuesta a cualquier sospecha de delito y las medidas alternativas a la detención parecen ser utilizadas sólo en casos excepcionales. Instó a las autoridades legislativas “a que se abstengan de aprobar leyes nuevas que disminuyan la edad mínima de imputabilidad penal o que amplíen de cualquier otro modo el uso de la detención para otras categorías de personas o delitos”.
Sobrepoblación
El relator llamó la atención sobre el pronunciado incremento de los niveles de reclusión. Dijo que la población carcelaria de la Argentina se triplicó en las últimas dos décadas, lo que resulta en una situación crónica de sobrepoblación en todo el país y lleva a una detención prolongada en comisarías en algunas provincias. Dijo en la conferencia de prensa que en ninguna parte del mundo las comisarías tienen ese fin. Además, afirmó que las estadísticas oficiales muestran que el nivel de ocupación del sistema penitenciario es de aproximadamente un 130%.
Organismos de control
El relator destacó que la supervisión independiente y periódica de todos los centros de privación de la libertad continúa siendo una de las herramientas más eficaces para disminuir el riesgo de tortura y maltrato. Solicitó que se garantice el acceso libre e irrestricto a los lugares de privación de la libertad para todos los órganos de supervisión, ya sean órganos gubernamentales o de la sociedad civil. Además, instó a que se le asignen recursos económicos necesarios al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y a que las provincias constituyan sus propios mecanismos.
Violencia policial
El relator mostró su preocupación por la actuación violenta de la policía al realizar detenciones y traslados en patrulleros, en cuyo contexto han sido denunciados malos tratos, humillaciones y torturas. Describió las denuncias de hostigamiento policial sobre adolescentes, jóvenes y mujeres, especialmente en barrios marginalizados, en algunos casos para obligarlos a confesar supuestos delitos o denunciar otros cometidos presuntamente por otras personas.
Encierro en instituciones psiquiátricas
El relator manifestó preocupación por la situación observada en la sección psiquiátrica del Hospital Interzonal Dr. Alejandro Korn (conocido como “Melchor Romero”) de la ciudad de La Plata. Consideró que los pacientes internados “se encuentran sometidos a condiciones degradantes que resultan incompatibles con la dignidad humana” y enumeró las condiciones observadas: “el edificio que alberga a estos pacientes literalmente se cae a pedazos, las instalaciones sanitarias están rotas y los baños sucios e inundados, sin que se tomen medidas para mantener las instalaciones en una condición sanitaria aceptable. Para superar el problema de escasez de personal, supuestamente se obliga a algunos pacientes a tomar medicación en exceso, incluidas pastillas para dormir. Sin la atención adecuada, los pacientes que están en condiciones de hacerlo, ayudan a aquellos con discapacidades más severas a cambiar sus pañales, a fin de mantener un mínimo nivel de higiene personal”. Por lo tanto, consideró que los servicios visitados dentro de la sección psiquiátrica del hospital “deben cerrarse y reemplazarse de inmediato por instituciones adecuadamente equipadas y con el personal que corresponde”.
Además, instó a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento con sus obligaciones contenidas en la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
EL CELS ha trabajado sobre gran parte de los temas mencionados por el relator. Se puede encontrar más información en los informes conjuntos presentados en 2017 para el Examen Periódico Universal del país ante la ONU sobre la situación de las personas privadas de la libertad, la violencia policial, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia; la publicación Hostigados. Violencia y arbitrariedad policial en los barrios populares; y los informes sobre la alimentación y la situación de mujeres en el hospital psiquiátrico Melchor Romero.