El Comité de las Naciones Unidas que evalúa la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño difundió el 6 de junio sus observaciones finales sobre la Argentina, donde la convención tiene rango constitucional.
Sobre el derecho a la salud, recomendó por un lado que el Estado adopte medidas para aplicar la Ley Nacional de Salud Mental en todas las provincias. Respecto de las barreras para acceder a la educación sexual integral y a los servicios de salud sexual y reproductiva, en un contexto de altos índices de mortalidad materna entre las adolescentes, el Comité pidió que el Estado asegure la obligatoriedad de la educación sexual integral en las escuelas. Y que también “garantice el acceso a servicios de aborto seguro y atención postaborto para adolescentes, garantizando que sus opiniones siempre se escuchen y se tengan debidamente en cuenta como parte del proceso de toma de decisiones”.
Las y los expertos del Comité expresaron su profunda preocupación por la violencia institucional que enfrentan las y los niños y adolescentes en distintos ámbitos, como por ejemplo cuando están bajo custodia de las fuerzas de seguridad o incluso en las escuelas. Recomendaron que el Estado adopte medidas para erradicar el uso desproporcionado de la fuerza contra los niños y adolescentes y que adopte “medidas urgentes” para terminar con las intervenciones policiales en el entorno escolar.
En un contexto de mucha impunidad, el Comité pidió al Estado que “investigue exhaustiva e imparcialmente todas las denuncias de tortura, violencia, hostigamiento y abuso, incluso por parte de la policía, y garantice que los autores sean enjuiciados y, de ser condenados, castigados de manera acorde con la gravedad de sus actos”.
Respecto de las y los niños migrantes, el Comité cuestionó que se siga aplicando el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 a pesar de que fue declarado inconstitucional por el poder judicial. Instó al Estado a derogar el DNU para garantizar que se tome el interés superior del niño como consideración principal en los casos de migración, mientras se preserva la unidad familiar.
Finalmente, el Comité expresó preocupación por el impacto negativo de la crisis financiera en los sistemas de protección social y por la situación de niñas y niños que viven en viviendas precarias y con acceso limitado a servicios básicos, en particular niños indígenas y de origen migrante.
Para la evaluación del Estado ante la ONU, el CELS presentó un informe sobre su cumplimiento de la Convención en el que nos referimos a las políticas migratorias y su impacto en las y los niños y adolescentes; la situación de las y los niños y adolescentes en instituciones psiquiátricas; y su relación con efectivos de las fuerzas de seguridad, particularmente en los barrios populares. Presentamos otro informe sobre el acceso al aborto en el país, junto con 12 organizaciones más.