Durante el plenario del colectivo Habitar Argentina, el 6 de septiembre, se debatieron propuestas para una nueva ley nacional de alquileres. Participaron la diputada Mónica Macha (Unidad Ciudadana) y los diputados Felipe Solá (Frente Renovador) y Daniel Lipovetzky (Presidente de la comisión de Legislación General, PRO). Coordinado por el periodista Claudio Mardones, del diario Tiempo Argentino, expusieron dus diagnósticos y propuestas para abordar la problemática del acceso al alquiler residencial.
Hubo consenso en que la regulación actual no considera la asimetría que existe entre los actores que intervienen y que es necesario que una nueva ley proteja al actor más débil, el inquilino. Destacaron la necesidad de regular el precio, incorporar nuevas ofertas de garantías y explicitar que las expensas extraordinarias deben estar a cuenta del propietario.
En diciembre de 2016 obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores el proyecto de ley S-894/16 elaborado por organizaciones de inquilinos y firmado por la senadora Silvina García Larraburu. Este proyecto modifica la duración mínima del contrato de locación de 2 a 3 años, la incorporación de un índice de actualización que promedia salarios e inflación y la prohibición del cobro de más de un mes de depósito.
Sin embargo, el proyecto no viene teniendo avances en la cámara baja. El diputado Solá anunció que, de haber acuerdo, votaría ese proyecto. La diputada Macha compartió la misma postura y advirtió que el bloque de Unidad Ciudadana también lo acompañaría. Resaltaron la importancia de que se apruebe tal como salió de la cámara alta, para no dilatar la solución al tema de alquileres, lo que ocurriría si vuelve con modificaciones a la cámara de origen. Lipovetzky advirtió que el proyecto que se aprobó en el Senado es perfectible, pero que existe voluntad política para que este año haya una nueva ley de alquileres.
El alquiler de la vivienda como forma de acceso a un hábitat digno debe contar con una mejor regulación. Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, más de 7 millones de hogares son inquilinos. En un escenario de crisis económica, es importante que el Estado garantice el derecho a un alquiler digno, que sea incorporado como una política de vivienda. De esta manera, con una mayor regulación, daría respuesta a la importante demanda de vivienda de amplios sectores de la sociedad.