El lunes 1 de abril participamos de la conferencia de prensa convocada por la Comisión Provincial por la Memoria para anunciar un nuevo pedido de juicio político contra el fiscal Fabián Fernández Garello.
A partir del avance en la revisión del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (DIPBA), que la CPM custodia y analiza desde 2001, se encontró documentación que lo compromete con delitos de lesa humanidad. Fernández Garello, actual fiscal general de Mar del Plata, se desempeñó durante la dictadura cívico-militar como agente de Inteligencia de la Bonaerense.
Con esas nuevas pruebas, la CPM se presentó como querellante en la causa que tramita en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, que ya lo investiga por otros crímenes. Los nuevos hallazgos lo involucran en actividades de inteligencia sobre ciudadanos chilenos y en la desaparición forzada de un ciudadano paraguayo perteneciente al Partido Comunista de Paraguay (PCP).
A pesar de la gravedad institucional de estos hechos, en noviembre 2017 Fernández Garello ya pudo sortear un jury. En ese momento, por cuestiones formales, el jurado de enjuiciamiento -por voto de la mayoría- decidió archivar la causa.
Lo que resulta paradojal es el funcionamiento del Estado en este caso. A través de la CPM y el análisis de los archivos de la DIPBA, produce prueba y avanza en las investigaciones sobre los responsables de delitos de lesa humanidad, pero encuentra los límites del mismo Estado en el Consejo de la Magistratura, a pesar de que hay sobrados documentos que demuestran la actuación de Fernández Garello como parte del esquema represivo desplegado durante el terrorismo de Estado.
No pueden seguir en sus cargos los funcionarios judiciales que han participado de secuestros ilegales, espionaje, seguimiento y determinación de “blancos” para su posterior secuestro, infiltración y efectiva participación en los secuestros y torturas durante la dictadura.