El 7 de octubre nos presentamos como amicus curiae en la causa que debe determinar la competencia que tiene la Ciudad de Buenos Aires para regular el ejercicio de la profesión de corredores inmobiliarios y defender la legalidad de los artículos de la Ley 5859/17, que prohíben el cobro de comisiones a lxs inquilinxs. Cuando la Legislatura Porteña aprobó la Ley de Alquileres, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) decidió judicializar esa prohibición, con el argumento de que la Ciudad no puede tiene autoridad para hacerlo.
Sostenemos que la Ciudad puede y debe regular el ejercicio de las actividades profesionales. En contextos de crisis habitacional, tiene la potestad de diagramar políticas que tiendan a garantizar el derecho a la vivienda. Lejos de ser una medida aislada, muchos países han adoptado soluciones del mismo estilo. Estados Unidos, Alemania, Francia y España son algunos de los estados que regulan el mercado de alquiler para asegurar que las personas puedan afrontar el pago de su costo y satisfacer el derecho a la vivienda.
En la actualidad, más del 35% de la población porteña alquila. Según los datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, lxs porteñxs destinan más del 50% de sus ingresos para cubrir el valor mensual del alquiler, casi el doble del 30% recomendado. Esta situación no parece poder revertirse en el corto plazo. Por un lado, la posibilidad de la vivienda propia se derrumbó luego del fracaso de los créditos hipotecarios UVA: más de cien mil hogares con ese tipo de crédito están esperando una modificación del cálculo de la cuota para poder afrontar el pago de la deuda. Por el otro, según el INDEC, lxs nuevxs pobres de la Ciudad llegaron a ser el 14,3% de la población. A esta situación se suman las más de 7500 personas en situación de calle en la ciudad más rica del país.
Tal como fue asumido por el propio Instituto de Vivienda de la Ciudad, reducir los costos de ingresos a un contrato de alquiler es solo una de las medidas que deben tomarse para mejorar un mercado cada vez más demandado con escasa regulación. Resulta sumamente importante que no se retroceda en la garantía de esos derechos, tal como previeron lxs legisladorxs porteñxs, y que se avance en nuevas regulaciones locales, tales como la divulgación de derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos, el registro en la AGIP y la gratuidad de los certificados para las garantías.