Por una interpretación técnica, el TSJ evita fallar sobre la cuestión de fondo en el protocolo de abortos no punibles

El protocolo dictado por Jorge Lemus para la atención en la Ciudad endurece el Código Penal al establecer requisitos que la ley no pide. El TSJ no falla sobre ese tema sino que dice que como no llegó ante sí el caso de una mujer en particular, no puede establecer cómo deben garantizarse derechos. Al hacer eso, rechaza también el carácter preventivo de los amparos. El gobierno porteño debe garantizar los servicios consagrados por la ley.

  

Sobre la reforma de Código Procesal Penal de la Ciudad

La reforma restringe el derecho a la defensa y las decisiones de la fiscalía ante una detención, endurece la prisión preventiva y duplica los plazos para resolverla. También amplía los plazos para la intervención de comunicaciones y otorga facultades a la policía (como el pago de informantes y agentes encubiertos) sin circunscribirlas a delitos específicos. Además extiende los plazos de investigación al punto de poner en riesgo el derecho a ser juzgado/a dentro de un período razonable.

  

La Legislatura porteña debate una reforma que habilita la vigilancia y vulnera la intimidad personal

Sin debate serio ni la participación de especialistas, el proyecto impulsado por el Ejecutivo permitirá: el ingreso remoto a celulares y computadoras, la vigilancia encubierta -incluso por delitos menores y contravenciones- a través de micrófonos y GPS, la manipulación de datos y la eliminación de los rastros del espionaje. A la discrecionalidad de los procedimientos que plantea, el proyecto tal como está redactado impide el control judicial efectivo.