El control del cumplimiento de la cuarentena no debe acentuar la desigualdad

Los poderes ejecutivo y judicial deben asegurar que la actuación de las fuerzas de seguridad no derive en situaciones de violencia.

A partir de la instalación de la cuarentena obligatoria, se conocieron intervenciones policiales que, desplegadas en principio como forma de hacer cumplir la prohibición de circulación, derivaron en situaciones de abuso policial. En distintas provincias, estas escenas mostraron prácticas violentas de distinto tipo y gravedad, desde humillaciones a manos de efectivos de Gendarmería Nacional hasta el uso irracional de balas de goma por parte de las policías provinciales de Buenos Aires y Jujuy.

Estas formas de actuación policial se registran también en situaciones ordinarias, sobre todo en los barrios populares. Pero la declaración de un estado de emergencia puede ser interpretado por algunos como una carta blanca para practicar abusos. En tanto  estamos en una situación de salud pública gravísima y que las medidas de prevención afectan con mayor dureza a los sectores que tienen menos recursos y padecen todo tipo de déficits, la reacción estatal debe cuidar que el control en el cumplimiento de las medidas no se realice a través de intervenciones violentas que profundicen la desigualdad.

En este contexto, es muy importante que las autoridades extremen las medidas de control del accionar de las fuerzas de seguridad, ajustando las herramientas que ya existen y estableciendo otras nuevas. Es preciso que las autoridades impartan órdenes claras en relación con los límites de la intervención en seguridad, y esas órdenes además deben ser de conocimiento público. En este sentido, el Ministerio de Seguridad de la Nación elaboró unas “Recomendaciones en el marco del control del cumplimiento del Decreto 297/2020”, aplicables a las fuerzas federales, que deberían ser retomadas por las autoridades provinciales para que alcancen a las fuerzas policiales de todo el país. Por otro lado, los organismos de control interno de los distintos ministerios o secretarías de seguridad deben agilizar los canales para recibir denuncias e informar sobre las investigaciones internas que se inician. La respuesta judicial a estos casos también es relevante para dar mensajes adecuados sobre cómo intervenir ante la pandemia.