La iniciativa de Principios y Directrices de Política Fiscal y Derechos Humanos realizó el webinario “Por una agenda latinoamericana de reformas redistributivas: Un debate sobre la orientación que deberían tomar las estructuras fiscales para asegurar los derechos humanos”. Del panel participaron Rodrigo Uprimny (Dejusticia), Juan Pablo Jiménez (CEPAL), Magdalena Sepúlveda (ICRIT), Grazielle Custodio (RJFAL) y Mariana Rivolta (Ministerio de Economía, Argentina).
Les panelistas coincidieron en que la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 puede ser una oportunidad para avanzar hacia un nuevo pacto fiscal basado en impuestos a la riqueza y a la renta personal que permita “sustentar un estado de bienestar basado en derechos”, como lo definió Juan Pablo Jiménez. También destacaron que los debates que ocurren en varios países de la región y en organismos internacionales sobre temas como el impuestos a las grandes fortunas o la renta básica universal demuestran que es posible avanzar hacia este nuevo consenso de política fiscal.
Magdalena Sepúlveda se refirió a los impactos diferenciales que tiene la pandemia sobre las mujeres. De acuerdo a la exrelatora de Naciones Unidas sobre extrema pobreza, esto se debe a un aumento sostenido en la feminización de la pobreza incluso en los momentos en los cuales la pobreza en la región disminuyó en términos general. Además, las mujeres están sobre representadas en el trabajo informal y cargan con la mayoría de los trabajos de cuidado. Por eso, es necesario que las medidas fiscales frente al COVID-19 incorporen el enfoque de género y prioricen la inversión en servicios de cuidado. En el mismo sentido, Mariana Rivolta opinó que es necesario desmontar algunos sesgos tributarios injustos y promover medidas como la tasa 0 a productos para la gestión menstrual.
Grazielle Custodio consideró que las medidas “de austeridad” que se implementaron en muchos países de la región limitan la capacidad de los Estados de hacer frente a la crisis. Específicamente sobre el caso de Brasil, destacó el rol que cumple el movimiento de derechos humanos denunciando el impacto negativo que tienen las medidas drásticas como el techo de gastos. Ejemplo de esto es la presentación que realizó un colectivo de 192 organizaciones ante el tribunal supremo brasileño. Para Magdalena Sepúlveda movimientos como este demuestran que esta coyuntura es una oportunidad para que el movimiento de derechos humanos exija mayor participación en las discusiones sobre política fiscal.
Para finalizar, Rodrigo Uprimny destacó que si bien desde la Iniciativa de Derechos Humanos y Política Fiscal insistimos hace tiempo en la necesidad de vincular la política fiscal con los derechos humanos esto hoy se vuelve más urgente y necesario. Para él, el pacto fiscal que emerja de la pandemia es la clave para producir sociedades más igualitarias en el futuro.
Foto: M.A.F.I.A