El viernes 17 de julio, cinco personas entraron a la casa de Jorge Adolfo Ríos en Quilmes para robarle. Lo golpearon para que les dijera dónde guardaba sus pertenencias de valor. Ríos, de 71 años, tenía un arma y la usó: persiguió a uno de quienes lo habían asaltado y lo ejecutó con tres disparos, en la calle. Estuvo detenido en una comisaría, acusado de homicidio agravado, hasta el lunes cuando el poder judicial le concedió la prisión domiciliaria.
El hecho generó una gran conmoción mediática por sus características, pero también por las declaraciones del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien defendió la actuación de Ríos y criticó la respuesta judicial, que hasta el momento considera que el hecho es grave y que Ríos actuó fuera de la ley. Estas declaraciones, que no miden sus posibles consecuencias sociales e institucionales, son mensajes para el Poder Judicial sobre cómo debe considerar este tipo de episodios.
Por un lado, es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de les habitantes e intervenir para gestionar conflictos. Al mismo tiempo, quienes sufren hechos de violencia ven afectados sus derechos y merecen empatía y solidaridad. Pero alentar el uso de armas no tiene nada que ver ni con lo primero ni con lo segundo. Promover el uso de armas de fuego, ya sea por parte de les ciudadanes o por parte de les funcionaries, no va a resolver los problemas de seguridad. Por el contrario: incrementará los niveles de violencia de la sociedad y pondrá aún más en riesgo la vida de todes.