Hoy, 8 de octubre, participaremos en la reunión de la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, también llamada Interpoderes.
Convocar este espacio es responsabilidad de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no lo hace desde 2016. Lamentamos que después de todo este tiempo, la convocatoria pueda ser utilizada para fines ajenos a la búsqueda de memoria, verdad y justicia, y que los juicios queden supeditados a disputas políticas que nada tienen que ver con ellos.
En la reunión volveremos a reclamar por la falta de compromiso que caracterizó estos años: dilaciones injustificables, ausencia de políticas de apoyo a las víctimas y a las investigaciones, desarticulación de los equipos de relevamiento, decisiones judiciales cuyo trasfondo es frenar el proceso, como ocurrió con el fallo del 2×1 y ocurre con las trabas en las investigaciones de responsabilidades empresariales como la que involucra a Carlos Blaquier por la represión en el Ingenio Ledesma.
Junto con otros organismos de derechos humanos y el colectivo de abogades querellantes, hicimos reclamos constantes durante estos años para que los tres poderes del Estado tomen medidas para agilizar las investigaciones y los juicios. Lo que pedimos a la Comisión Interpoderes, presidida por la CSJN, en nuestra nota de septiembre de 2016 fue incumplido en su mayoría. La comisión no asumió su rol, no trabajó en organizar y acelerar los juicios, no rindió cuentas de su inactividad. Tan ineficaz e insuficiente fue su respuesta que sólo pidió información sobre las agendas de los Tribunales Orales Federales.
Este año, nuestra preocupación creció por la pandemia. En mayo volvimos a pedir, junto con Abuelas de Plaza de Mayo, que la Corte Suprema convoque a la Comisión para delinear protocolos sanitarios que permitieran reanudar las investigaciones y los juicios en el contexto del ASPO. Nos convocan cinco meses después. Plantearemos entonces los problemas estructurales que impiden un ágil desarrollo de las investigaciones judiciales.
También desde 2016 venimos pidiendo que el Poder Legislativo integre la “Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia”, creada por ley para identificar las complicidades económicas y financieras con la dictadura. Hasta la fecha, no pasó.
Hoy, nuevamente, pediremos a quienes integran la Comisión Interpoderes:
→ A la Corte Suprema de Justicia de la Nación: que agilice la revisión de las sentencias de las causas por delitos de lesa humanidad. Solo por mencionar dos ejemplos: hace cuatro años y medio que tiene pendiente de resolución el fallo por la Masacre de Trelew y hace cinco años que debe resolver la investigación de los delitos cometidos en el Ingenio Ledesma. No hay ninguna explicación razonable para que la CSJN no ubique a estos procesos judiciales entre sus prioridades.
→ Cámara Federal de Casación Penal: que agilice la revisión de las sentencias y que instruya a los Tribunales Orales Federales para que prioricen los juicios de lesa humanidad.
→ Poder Ejecutivo: que rearme y fortalezca los equipos de relevamiento documental en los archivos de las fuerzas armadas y de seguridad. Es necesaria una política pública de desclasificación y relevamiento de la documentación que está en poder de la Agencia Federal de Inteligencia.
→ Poder Legislativo: que ponga en funcionamiento la “Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia”.
→ Ministerio Público Fiscal, Procuración General de la Nación: Designar más personal y recursos a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y a todas las fiscalías que intervienen en causas por delitos de lesa humanidad.
El proceso de justicia debe agilizarse. El tiempo para que el Estado rinda cuentas se hace cada vez más corto. Miles de familiares y toda la sociedad aún no saben qué pasó exactamente con sus hijes, nietes, compañeras, compañeros. La avanzada edad de muchas de las personas responsables de esos delitos demanda celeridad. La Comisión Interpoderes y los organismos del Estado deben mostrar, con acciones concretas, su compromiso serio en la construcción de más verdad, más memoria y en el avance de las investigaciones y los juicios pendientes para dar respuestas a la sociedad.
*Descargue de este enlace la nota que presentamos.