Israel Alegre no sólo fue autoridad indígena de la comunidad Nam Qom en la provincia de Formosa. También era un referente de los pueblos qom, pilagá, wichi y nivaclé del NEA. Reclamó hasta el cansancio el reconocimiento de sus derechos territoriales, de la consulta previa ante cualquier decisión que les afecte y al ambiente, su última gran preocupación ante el aumento de proyectos que impactan directamente en las fuentes de subsistencia. Para Israel la pesca y el monte eran su vida, siempre estaba allí, aunque tenía tiempo para discutir y exigirle al Estado medidas para equilibrar un poco la desigualdad histórica de las comunidades.
Exigió en todos los ámbitos que pudo los graves episodios de violencia institucional del gobierno de Formosa en un contexto de discriminación estructural hacia las comunidades indígenas. En particular, aquella que sucedió en 2002 donde cerca de 100 efectivos de la policía formoseña sitiaron de manera ilegal y arbitraria por más de 40 horas a la comunidad Nam Qom, bajo el pretexto que “un indio” había matado a un policía. La policía detuvo sin causa a más de 80 personas, entre ellos niñes y personas mayores, e incluso una niña fue violada. Ocuparon varias casas con familias dentro. Muchas de las víctimas fueron amenazadas, golpeadas y sometidas a torturas físicas y psicológicas, con gritos discriminatorios y violentos. Uno de los miembros de la comunidad, Mario Vega, sufrió varios balazos y fue torturado, ocasionando la desfiguración de su rostro y mano.
Todo esta violencia sucedió bajo la presencia abierta y complaciente del juez de la investigación Héctor Ricardo Suhr y el procurador General de la provincia Carlos Ontiveros. Y así fue que las graves violaciones quedaron en la impunidad por la justicia formoseña. En el 2005 la comunidad recurrió al sistema interamericano, y denunció al Gobierno argentino por las prácticas violentas y discriminatorias de Formosa.
Israel fue clave en la articulación de ese reclamo, organizó la documentación y le dio la confianza necesaria a las y los integrantes de su comunidad para que den testimonio sobre las violaciones que sufrieron. En la audiencia pública que convocó la CIDH en 2016, el testimonio de Israel fue clave para comprender el trato histórico discriminatorio de las autoridades policiales y estatales con las comunidades indígenas.
Desde hace meses, venimos señalando la importancia de que el Estado, en sus niveles federal y provincial, organice dispositivos e instrumentos efectivos para la eliminación de prácticas discriminatorias y estigmatizantes contra las comunidades. El Estado debe asegurar el derecho a la salud desde un abordaje intercultural, con información clara y garantías de una participación auténtica de parte de las comunidades.
Lamentablemente, la pandemia de Covid-19 terminó con la vida de otro líder comunitario. Sus muertes impactan de manera muy negativa y diferencial en las comunidades indígenas, porque sus autoridades son garantes de procesos de identidad cultural y de articulación de mecanismos políticos internos y con otras visiones.
Al igual que Francisco Pérez en el chaco salteño y de otros referentes, Israel también cruzó los límites de la cultura blanca que impone una asimilación cultural o el desprecio por las prácticas de las comunidades.