Derecho a la alimentación: duras advertencias de la Relatora de la ONU sobre el impacto del ajuste

El informe de la relatora advirtió que el Estado debe asegurar los derechos humanos de la población y no menoscabarlos para hacer frente a los compromisos contraídos por la toma de deuda. Criticó el modelo agrícola, que ha socavado la seguridad alimentaria; el desmantelamiento de la agricultura familiar y las consecuencias del desmonte para los pueblos indígenas.

  

El Estado no puede recortar derechos para cumplir con el FMI, afirmó el Comité DESC de la ONU

El Estado argentino tuvo que explicar ante el Comité DESC de las Naciones Unidas el impacto de las políticas económicas en los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro país. Los/as miembros llamaron la atención sobre los programas de seguridad social, la persecución sindical, el acceso al aborto seguro, la falta de aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental y el acuerdo con el FMI, entre otros temas.

  

La Argentina está obligada a fijar posición sobre la propiedad comunitaria indígena ante la Corte Interamericana

La Corte IDH fijó un plazo improrrogable de dos meses para que el Estado argentino responda las presentaciones del caso “Comunidades indígenas de Lhaka Honhat vs. Argentina”. La Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat y el CELS demandan por las vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas que habitan los ex lotes fiscales 55 y 14 del Departamento Rivadavia de la provincia de Salta.

  

Protesta, movimientos sociales y represión estatal

Los nuevos contenidos publicados en nuestra plataforma Protestar es un derecho recorren el mundo: desde Kenia, Hungría y Australia hasta Perú, Canadá y la Argentina. Las amenazas a este derecho fundamental se pueden ver en las calles, con represiones violentas, y también en la vigilancia estatal y persecución judicial. Este proyecto on line fue desarrollado entre openDemocracy, el CELS y la red INCLO, con el apoyo de la ACLU.

  

Tucumán: los derechos indígenas en peligro

Organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas manifiestan preocupación por las sanciones impuestas por el Poder Judicial de Tucumán a la abogada que lleva la causa por el asesinato de Javier Chocobar y por la orden de desalojo de la comunidad Tolombón.