La ley 5.859 es constitucional: inquilines no deben pagar comisiones a inmobiliarias en CABA

El Tribunal Superior de Justicia porteño rechazó el planteo del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios que buscaba sostener una de las tantas barreras para el acceso a la vivienda en alquiler.

Las organizaciones, entidades y referentes participantes de la Mesa por los Derechos de lxs Inquilinxs celebramos el reciente fallo del Tribunal Supremo de Justicia de la CABA (TSJ) que rechaza el planteo del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA) y ratifica la constitucionalidad de la Ley N° 5859, que en la CABA prohíbe el cobro de comisión inmobiliaria al inquilinx de vivienda.

Esta ley, aprobada en 2017, representó una de las primeras demandas del movimiento inquilino reanudado en Argentina en 2014 contra el abuso inmobiliario y en favor del alquiler justo de vivienda y estableció mejoras a las problemáticas que enfrentan las inquilinas y los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires, mitigando una de las barreras de acceso a la vivienda en alquiler, como son los costos derivados del pago de comisiones inmobiliarias. Además, la ley 5.859 obliga al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) a ejercer el control del cumplimiento de las leyes locales que regulen aspectos vinculados a la materia locativa habitacional y a brindar asesoramiento descentralizado a propietarias/os e inquilinas/os.

El fallo del TSJ del último 2/7/21 en la causa en que intervinieron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) e Inquilinos Agrupados resulta fundamental para comenzar a pensar el acceso a la vivienda desde una perspectiva de derechos. En momentos de embates especulativos y fuerte ofensiva del mercado inmobiliario contra la Ley Nacional de Alquileres, esta sentencia reivindica las competencias locales para regular la comisión inmobiliaria sobre la base de priorizar la protección de lx inquilinx y el resguardo de la vivienda por alquiler, que en CABA alcanza a más de 400.000 mil hogares. 

La ratificación judicial de la plena vigencia de la ley 5.859 brinda un nuevo punto de partida y debería alentar a todas las provincias y jurisdicciones del país a que se regule la comisión para que no la pague lx inquilinx y que el Estado -en sus distintos niveles- identifique la dependencia de lx inquilinx con la intermediación inmobiliaria, la regule y efectivamente controle para asegurar el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad. 

MESA POR LOS DERECHOS DE LXS INQUILINXS

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Federación de Inquilinos Nacional (FIN)
Colectivo Ni Una Menos
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Programa de Atención de Inquilinos, Defensoría del Pueblo, CABA
Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP)
Sebastián Tedeschi, profesor, Facultad de Derecho (UBA)
Ariel Wilkis, decano Escuela IDAES/ UNSAM
Florencia Labiano, Ma., CONICET – IDAES/ UNSAM
Facundo Harguinteguy, Coordinador programa Organización Popular, Memoria Colectiva y DDHH (UNDAV)
German Hiralde, profesor, cátedra Derechos a la Vivienda (UNDAV)
Mariano Spina (Municipio de Morón)