El proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” es en realidad una norma para promover la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos. Modifica aspectos centrales del régimen de expropiaciones, desalojos, tierras rurales, extranjerización de la tierra y manejo del fuego, que repercuten directamente sobre toda la sociedad. Se trata de modificaciones que apuntan a que actores privados tengan luz verde para avanzar sobre los recursos naturales y bienes estratégicos.
La propiedad de la tierra es muy desigual en la Argentina. Este proyecto empeora aún más esa situación. Simplifica la adquisición de tierras rurales sin tener en cuenta que, en muchos casos, son comunidades indígenas o familias campesinas quienes habitan esas tierras, lo que aumenta los riesgos de que sean desalojadas de sus territorios. Estas modificaciones, además, van a elevar el valor del arrendamiento de tierras para la agricultura familiar, responsable del 64% de las explotaciones agropecuarias y de abastecer el 60% de los alimentos que llegan a los hogares.
El proyecto no sólo facilita que quienes más tienen sigan adquiriendo tierras, sino que modifica en su favor las reglas del juego en los casos de litigios judiciales. Permite desalojos rápidos de inmuebles urbanos y rurales. Permite, además, iniciar acciones de desalojo a personas o instituciones aunque no sean afectados directos, e incorpora la posibilidad de restitución inmediata del inmueble para ocupantes considerados “precarios” o “intrusos”. También autoriza medidas procesales rápidas, como allanamientos, uso de la fuerza pública, habilitación de días y horas inhábiles y apertura de cerraduras.
La Argentina tiene recursos muy importantes: litio, cobre, agua dulce, hidrocarburos, alimentos y biodiversidad. En esos territorios viven personas y comunidades. Las decisiones sobre esos recursos, además, impactan mucho más allá de las zonas donde están, afectan al país en su conjunto. Por eso, hablar de comprar tierras no es una discusión inmobiliaria sino de distribución de la riqueza, de la calidad de vida de todos y de quién puede decidir sobre esos recursos que afectan nuestro futuro.
La Ley de Tierras Rurales vigente no prohíbe la inversión extranjera. De hecho, 15,8 millones de hectáreas están en esas manos. Hoy, sin embargo, 49 departamentos y partidos ya superan el límite del 15% de tierras extranjerizadas previsto por la ley. La Ley de Tierras Rurales pone límites, no prohíbe, porque la tierra es un recurso estratégico del país. El proyecto que debe tratar el Congreso elimina varias restricciones, como el porcentaje máximo de tierras que puede concentrarse en una misma nacionalidad y la cantidad de hectáreas que un mismo titular extranjero puede comprar en la zona núcleo.
Las modificaciones tienen impacto sobre el ambiente, es decir sobre la vida de todos. El 78% de los lagos quedaría sin protección específica ante la compra de tierras ribereñas, al igual que el 65% de los ríos. El 41% de las nacientes de agua podrían quedar alcanzadas por el mismo proceso de desregulación.
Uno de los cambios más importantes es que más decisiones con impacto nacional sobre recursos estratégicos quedarían en manos de las provincias, con el acuerdo de Nación. Aunque los recursos estén situados en las provincias y estas tengan autonomía, en un país federal estos bienes tienen trascendencia más allá de sus fronteras: en la transición energética del país, en la producción de energía, en la seguridad alimentaria y la planificación nacional. Además, incorpora el régimen de silencio administrativo: esto significa que si un privado de cualquier nacionalidad compra nacientes de agua, por ejemplo, y nadie contesta, vencido el plazo legal sin respuesta, la autorización se considera otorgada. Con este proyecto, el gobierno decide reducir los controles sobre los recursos estratégicos.
El proyecto también modifica partes sustanciales de la Ley de Manejo del Fuego, lo que incentiva la táctica de quemar bosques para luego adquirir esas tierras a menor precio. Elimina la prohibición del cambio de uso del suelo por 60 años luego de un incendio en vegetación, bosques, áreas naturales protegidas y humedales. También elimina la prohibición por 30 años para realizar emprendimientos inmobiliarios y actividades agropecuarias luego de incendios en zonas de vegetación fuera de los límites urbanos.
La expropiación es una herramienta utilizada por el Estado para tomar decisiones estratégicas, como hacer una represa, caminos o barrios. Con esta ley quedaría acotada porque el proyecto cambia la idea de utilidad pública. Establece que la indemnización se calcula sobre el valor de mercado. Incorpora expresamente el lucro cesante como valor a incluir en el monto a pagar y pone un tope del 30%, salvo que el expropiado demuestre una afectación superior. Ese tope va a pasar a ser la regla. De esta forma, el estado se priva a sí mismo de herramientas para tomar decisiones estratégicas que beneficien a toda la sociedad.
Medidas como la derogación de la Ley de Tierras, la modificación de la Ley de Glaciares y la aprobación del RIGI van en el mismo sentido de este proyecto. Y al mismo tiempo, el gobierno nacional viene tomando medidas para amenazar e intimidar a quienes se movilicen para resistir estas medidas en los territorios, a través de la creación de cuerpos policiales como la Unidad de Seguridad Productiva o las órdenes a los servicios de inteligencia para que vigilen a ambientalistas y pueblos indígenas. La apuesta permanente a facilitarle las cosas a los que más tienen (empresas extractivas, terratenientes, millonarios extranjeros) profundiza la desigualdad y degrada lo que nos pertenece a todos, es decir, los bienes comunes.
Fuente de los datos: LatFem y Buena Data.
